Argentina: fiscal imputa por sospecha de terrorismo a piloto iraní que llegó en avión venezolano
Una fiscal argentina imputó este martes 21 de junio, al piloto iraní y al resto de la tripulación del avión de la compañía venezolana Emtrasur demorado hace dos semanas en Buenos Aires, por su presunta conexión con el terrorismo apoyado por Irán.
La medida adoptada por la fiscal Cecilia Incardona implica en lo formal que el piloto Ghasemi Gholamreza será a partir de ahora objeto de una investigación criminal para determinar si voló al país sudamericano con fines comerciales o para actividades ilícitas.
La aeronave modelo Boeing 747, que transportaba autopartes, se encuentra en un hangar del aeropuerto internacional de Ezeiza –suburbio al oeste de la capital argentina– desde el 8 de junio, cuando las autoridades migratorias retuvieron los pasaportes de los tripulantes por sugerencia de agencias extranjeras de inteligencia.
Si bien el gobierno argentino confirmó que no hay pedido de captura internacional contra ninguno de los tripulantes –14 venezolanos y 5 iraníes– y que no se detectaron irregularidades en su carga, la aeronave despierta sospechas porque pertenecía a Mahan Air, una compañía aérea de origen iraní a la que se le atribuyen nexos con el terrorismo y sobre la que pesan sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
En los registros oficiales el avión es propiedad de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, cuya filial de carga es Emtrasur.
Por impulso de un diputado opositor y de organizaciones civiles de la comunidad judía, la justicia inició una pesquisa, le quitó los pasaportes a los tripulantes –que no pueden salir del país– y secuestró pertenencias personales, como teléfonos móviles y computadoras, que se encuentran bajo peritaje informático.
“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga conforme las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, según la resolución de la fiscal Incardona.
Fuente: AP
