La ONG Espacio Público reconoció que la norma representa “un avance significativo en el contexto político venezolano” porque ha permitido la liberación de un número importante de personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, afirmó que su implementación ha estado rodeada de obstáculos y denuncias
Familiares exigen la liberación de todos los presos políticos en Venezuela | Foto: Maryorin Méndez / AFP
La ONG Espacio Público aseguró que, a un mes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en Venezuela, persisten graves fallas en su aplicación, falta de transparencia y prácticas irregulares que ponen en duda su alcance real.
En un análisis publicado en su página web,reconoció que la norma representa “un avance significativo en el contexto político venezolano” porque ha permitido la liberación de un número importante de personas detenidas por motivos políticos.
Sin embargo, la organización advirtió que su implementación ha estado rodeada de obstáculos y denuncias.
Extorsiones en los tribunales
Uno de los principales señalamientos es la existencia de irregularidades en los tribunales. Espacio Público recoge denuncias según las cuales familiares de detenidos habrían sufrido extorsión cuando intentaban tramitar solicitudes.
“Muchas de las personas que acudieron a tribunales han sido extorsionadas por personal del sistema judicial, que les piden resmas de papel e incluso dinero”, indicó la ONG citando al Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Además, mencionó trabas institucionales que dificultan el proceso, como juzgados que se niegan a recibir solicitudes o remiten a los solicitantes a otras instancias. Esto, afirmó, ha generado retrasos y confusión.
La organización también cuestionó la falta de información oficial sobre los beneficiarios. Aunque el régimen asegura que miles de personas recibieron la libertad plena, ninguna organización de derechos humanos ha podido corroborar estos datos.
Incluso, el pasado 16 de marzo, Naciones Unidas indicó que Venezuela no le ha enviado la lista de los presos políticos que han salido de prisión. El alto comisionado Volker Türk instó a las autoridades chavistas a ofrecer “mayor transparencia respecto a la liberación de los detenidos”.
Espacio Público subrayó que la ley presenta problemas estructurales porque se aprobó sin haberse realizado una consulta amplia y sin mecanismos suficientes para garantizar verdad, justicia y reparación.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, citada en el análisis, indicó que la normativa “carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación”.
Asimismo, alertó que la medida no ha resuelto la situación de todos los detenidos por motivos políticos. De acuerdo con registros de organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, aún cientos de personas permanecen privadas de libertad.
“Lo que se proyectó como una herramienta de pacificación ha terminado operando como un espejismo jurídico”, indicó el texto.
Periodistas y trabajadores de la prensa siguen a la espera
El informe también señaló que varios periodistas y trabajadores de la prensa siguen a la espera de una respuesta a sus solicitudes de amnistía, mientras otros continúan bajo medidas cautelares o procesos abiertos.
En sus conclusiones, Espacio Público sostuvo que la ley, en su forma actual, no garantiza plenamente los derechos fundamentales y mantiene prácticas que permitieron las detenciones. “Una amnistía que mantiene leyes que encarcelaron a la ciudadanía no es democracia”, agregó.
La organización pidió al Estado asegurar liberaciones sin discrecionalidad, cesar la censura, devolver equipos a periodistas y permitir la reapertura de medios, además de garantizar que no se repitan las violaciones de derechos humanos.
