En los últimos días, se ha avivado la preocupación por decenas de denuncias de violencia sexual contra las niñas indígenas en el Guaviare, al sur de Colombia.
El jueves el gobierno declaró de “interés prioritario” la atención a los menores indígenas tras advertir que en los últimos cuatro años han sido denunciados penalmente 69 casos de violencia sexual de niñas de las comunidades indígenas Nukak y Jiw, pueblos declarados “en vía de extinción” en Colombia.
La violencia sexual no es nueva, pero el foco en la situación sí lo es. El Estado activó sus capacidades desde que en diciembre pasado una investigación de Univisión relató cómo civiles y militares en Guaviare habrían inducido a menores de edad a tener relaciones sexuales a cambio de comida, un par de dólares o un pegamento químico, llamado en Colombia “boxer”, para drogarse y evitar sentir hambre.
Luego de enviar una comisión especial, la Presidencia concluyó el jueves que existen relatos relacionados con la inhalación del pegamento o consumo de sustancias psicoactivas. Advirtió que la crisis alimentaria que sufren conlleva a que los niños salgan de su territorio indígena a buscar comida, lo que “es aprovechado por posibles redes de microtráfico y de trata de personas en la región”.
El gobierno no descarta la posible presencia en el territorio de una “red de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”.
La fiscalía, por su parte, verificará qué ocurrió con los 378 casos de violencia sexual entre 2018 y 2020 que aparecen registrados en Guaviare por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad estatal encargada de velar por la niñez. La fiscalía advirtió que podrían iniciar procesos penales por omisión contra funcionarios si descubren que no hicieron el proceso para que se activara la investigación.
“La violencia sexual viene desde hace mucho tiempo y existe en nuestro alrededor porque el contacto con la sociedad occidental ha dejado a muchas de nuestras niñas vulnerables también frente a temas estructurales como la pobreza y la educación”, aseguró a The Associated Press Yormery Avendaño Pascual, indígena y asesora en temas de mujer y familia de la organización indígena ONIC.
Avendaño asegura que por años trabajó con los Nukak en Guaviare y ella misma conoció sobre una denuncia de violencia sexual. Sin embargo, señala que hay víctimas que no quieren declarar por amenazas o porque desconocen el sistema penal colombiano.
Se estima que los Nukak dejaron de ser un pueblo en aislamiento en las décadas de 1970 y 1980, cuando los cultivos de hoja de coca ilícitos se convirtieron en un negocio en el Guaviare.
Avendaño asegura que todavía hay Nukak nómadas que hacen sus travesías para cazar, sin embargo, cuenta que han ido perdiendo su territorio por la incursión de los grupos armados ilegales. Las últimas generaciones han nacido “dentro de la pobreza, no tienen acceso a servicios básicos, agua potable, energía…”.
La Procuraduría, que también envió una misión especial a la zona, advirtió de que hay “una ausencia total del Estado” e identificaron consumo de sustancias psicoactivas, prostitución y desatención de las necesidades básicas de los menores. La Procuraduría también adelanta un proceso disciplinario contra seis militares por presunto violación a una menor de 15 años de la comunidad Nukak ocurrido en septiembre de 2019.
Cristina Rosero, abogada asesora del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, dijo a AP que es urgente que el gobierno proteja los derechos de las niñas y niños indígenas y resaltó que con denuncias constantes las organizaciones de la sociedad civil han alertado por la situación en el Guaviare y reclamado la “normalización” de la violencia sexual contra la niñez.
Fuente: AP
