Diputado a la Asamblea Nacional y ex-candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024, Antonio Ecarri ha sostenido una tesis que incomoda tanto al oficialismo como a la oposición tradicional: Venezuela no saldrá de su crisis por rupturas abruptas ni atajos épicos, sino mediante un proceso gradual, serio y verificable de reconstrucción institucional. Esa visión se expresa con claridad en su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en su concepción del camino político que el país debe recorrer.
Diputado Ecarri, usted ha presentado una propuesta detallada de reforma a la Ley de Hidrocarburos. ¿Por qué considera que esta ley es clave para el momento político que vive Venezuela?
Porque el petróleo no es un sector más de la economía: es el eje que condiciona toda la vida nacional. La historia venezolana demuestra que, mientras el petróleo se maneje con discrecionalidad, opacidad y concentración excesiva de poder, no habrá estabilidad ni democracia posible. Nuestra propuesta busca sacar al petróleo del control político personalista y devolverlo a reglas institucionales claras, técnicas y transparentes.
Uno de los elementos centrales de su propuesta es la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué problema busca resolver?
El hiperpresidencialismo petrolero. Durante décadas, demasiadas decisiones estratégicas han dependido de un solo funcionario o de un pequeño círculo político. Eso produce arbitrariedad regulatoria, corrupción e inseguridad jurídica. La Agencia Nacional de Hidrocarburos que proponemos sería un ente técnico y autónomo, con mecanismos de rendición de cuentas, capaz de regular el sector con criterios profesionales y no por conveniencia política.
Usted ha sido enfático en que la reforma aprobada por la Asamblea es incompleta. ¿En qué sentido?
La reforma desmonta parte del estatismo extremo que llevó al país a la ruina, pero deja intacto un problema grave: concentra enormes competencias en el Ministerio de Hidrocarburos. Se crea una especie de “superministro” con facultades para subir o bajar regalías, aprobar o cerrar contratos y autorizar esquemas de comercialización. Sin contrapesos institucionales, eso es extremadamente riesgoso para el país.
¿Por qué insiste tanto en la transparencia petrolera como condición central de la reforma?
Porque el oscurantismo petrolero ha sido el caldo de cultivo de la corrupción más escandalosa de nuestra historia. Sin contratos públicos, sin trazabilidad de pagos y sin identificación de beneficiarios finales, el petróleo se reduce a un instrumento de patronazgo político y captura de rentas. La transparencia no es ideología: es una condición mínima para que la renta petrolera vuelva al ciudadano y no a redes corruptas.
Usted también habló de la necesidad de incluir normas que aseguren que la procura de bienes y servicios beneficie al empresariado nacional. ¿Eso se logró?
He dicho —e insisto— que la reactivación de la industria petrolera con inversión extranjera es inevitable y necesaria. Venezuela necesita capital, tecnología y acceso a mercados internacionales. Pero esa reactivación no puede convertirse en un enclave desconectado del país real.
La industria petrolera debe ser también una palanca para desarrollar oportunidades y capacidades del empresariado y del capital humano venezolano. Existen empresas de servicios, proveedores industriales, ingenieros, técnicos y profesionales que hoy están subutilizados. Eso debió quedar claramente establecido en la ley. No ocurrió como hubiese sido deseable, pero estamos siempre a tiempo de hacerlo posible mediante normas complementarias, reglamentos claros y políticas públicas coherentes. Si el petróleo vuelve a generar riqueza sin traducirse en oportunidades para los venezolanos, habremos repetido el error histórico.
¿Cómo conecta esta agenda petrolera con el debate político más amplio sobre la transición en Venezuela?
Aquí está el punto clave: sin economía funcionando no hay paz; sin paz no hay proceso político viable. Por eso sostengo que lo que Venezuela vive hoy no es propiamente una transición, sino un proceso de tensión que debe manejarse paso a paso, con racionalidad y objetivos claramente definidos.
Usted suele citar el ejemplo de la transición española. ¿Qué lecciones cree que son aplicables al caso venezolano?
“De la ley a la ley, a través de la ley”. Así definía el profesor Torcuato Fernández Miranda la transición española. Cualquier cambio debía darse de la ley a la ley, a través de la ley, sin violencia ni rupturas. En ese momento España ya había sufrido demasiado: más de quinientos mil muertos en una guerra civil y décadas de dictadura.
La madurez de aquella clase política permitió que adversarios se entendieran. Adolfo Suárez —que muchos olvidan— fue ministro de Franco, secretario general del movimiento franquista y director de la televisión española del régimen. Ese dato suele borrarse con el tiempo, pero fue central para comprender cómo fue posible el cambio. Hoy, pese a las profundas diferencias históricas y políticas, los venezolanos tenemos una oportunidad de avanzar con calma y cordura, como decía el general Eleazar López Contreras.
Algunos sectores rechazan cualquier comparación con España por las diferencias históricas. ¿Cómo responde a esa crítica?
Los contextos son, sin duda, distintos. Pero hay principios universales: sin instituciones, sin reglas y sin acuerdos mínimos, no hay salida sostenible. Venezuela necesita evitar los gritos, evitar el ruido y avanzar con pasos firmes hacia la democratización.
En ese sentido, fue de alguna manera refrescante —en medio de tanta incertidumbre— escuchar a Marco Rubio mencionar en su testimonio ante el Senado de Estados Unidos que se pueden extraer lecciones de la transición española, subrayando la importancia de que sea un proceso integrado e incluyente. Yo reiteraría que cualquier proceso de este tipo debe darse dentro de la Constitución y la ley, principios que todos debemos asumir si este proceso ha de tener éxito.
Usted ha señalado que el petróleo introduce una complejidad adicional frente al caso español. ¿Por qué?
Porque aquí hay un hecho económico que lo atraviesa todo. El petróleo define la vida de los venezolanos. Entramos veintisiete años tarde a la competitividad petrolera internacional, pero no podemos seguir postergándolo. Un país cuyas reservas pertenecen a su pueblo no puede seguir viviendo en pobreza extrema, desigualdad y corrupción como resultado del manejo discrecional de esa riqueza.
¿Cuáles deberían ser los primeros pasos concretos de ese proceso de cambio?
Antes de cualquier elección, Venezuela necesita reformas institucionales profundas: la renovación del Poder Judicial; la renovación del Poder Ciudadano —Fiscalía, Contraloría y Defensoría— y un marco legal que garantice el Estado de derecho. Las elecciones deben ser la consecuencia de un gran pacto político nacional que restituya la credibilidad institucional, no un punto de partida vacío.
¿Dónde entra la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, en este proceso?
Estados Unidos puede ayudar, pero no desde una lógica de tutela. A Estados Unidos le conviene que Venezuela esté reintegrada al hemisferio occidental como un país con Estado de derecho, seguridad jurídica y control de poderes. Y eso solo lo garantiza la democracia. Las autocracias ya demostraron que no generan estabilidad ni previsibilidad.
Para cerrar, ¿cuál es el objetivo final de la hoja de ruta que usted plantea?
Llegar, paso a paso, a una legitimación electoral genuina, sustentada en instituciones creíbles, para que Venezuela vuelva a ser un Estado reinstitucionalizado, democrático y soberano. Sin atajos, sin rupturas, sin falsas épicas: con ley, con economía funcionando y con instituciones al servicio del ciudadano.
Fuente: IQ Latino
