La organización señaló la devolución de medios y bienes confiscados como un punto elemental y consideró que estas acciones han debilitado el ecosistema informativo. Mencionó el caso de El Nacional como ejemplo de lo que calificó como medidas que afectan el derecho de propiedad y la actividad periodística
Portada de la última edición impresa de El Nacional | Foto: archivo
La Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- expresó este miércoles preocupación por la exclusión de la libertad de expresión y prensa del proceso de transición democrática en Venezuela y advirtió que esta omisión pone en riesgo cualquier intento de cambio político en el país.
La organización señaló en un comunicado que estos derechos no se están considerando en las discusiones sobre reformas institucionales, judiciales y económicas, lo que calificó como una señal que compromete la posibilidad de construir un sistema democrático estable.
Restablecimiento de las garantía
Sin garantías para el ejercicio del periodismo, alertó la SIP, no es posible consolidar cambios reales ni sostenibles en el país.
“La SIP subraya que, sin periodismo libre, ninguna transición democrática puede consolidarse de manera real, legítima y sostenible. La reconstrucción institucional de Venezuela exige, de manera ineludible, el restablecimiento efectivo de las garantías para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información”, señala el texto.
También advirtió que la ausencia de estos temas en el debate público mantiene condiciones como la censura, la persecución y la autocensura que han marcado el ejercicio periodístico en los últimos años en el país.
Frente a ese escenario, la organización instó a las autoridades a tomar medidas, como el levantamiento de las restricciones de acceso a portales informativos, y señaló que más de 60 sitios web permanecen bloqueados.
Asimismo, la SIP solicitó poner fin a procesos judiciales y órdenes de captura contra periodistas, así como ofrecer garantías de seguridad para quienes sufren perseguidos o se han visto obligados a salir del país.
También planteó la necesidad de eliminar trabas administrativas que impiden a comunicadores obtener documentos o regresar a Venezuela.
El caso de El Nacional
Otro de los puntos señalados fue la devolución de medios y bienes confiscados, al considerar que estas acciones han debilitado el ecosistema informativo.
La organización mencionó el caso de El Nacional como ejemplo de lo que calificó como medidas que afectan el derecho de propiedad y la actividad periodística.
Además, pidió reforzar la protección para periodistas frente a amenazas tanto de actores estatales como de grupos irregulares, y garantizar que quienes reciban la libertad puedan ejercer su trabajo sin restricciones ni represalias.
La organización concluyó que prácticas como la censura digital, la persecución judicial, el exilio forzado y la confiscación de medios no son compatibles con un proceso de recuperación democrática.
“La organización reafirma su disposición a acompañar y respaldar todas las iniciativas orientadas a asegurar que la reconstrucción democrática de Venezuela sea auténtica, inclusiva y sustentada en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales”, expresó.
