El juez de la Audiencia Nacional española, Antonio Piña, inadmitió –es decir, rechazó– este lunes 2 de febrero la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su supuesta colaboración con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, debido a la ausencia de indicios de delito.
Según el auto al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado recuerda que las querellas deben estar respaldadas por elementos probatorios concretos, y no basarse únicamente en informaciones periodísticas o suposiciones.
“No se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan entidad suficiente para abrir un proceso penal”, señaló Piña, de acuerdo con el portal “Versión Final”.
El juez subraya que la eventual relación de Zapatero con el gobierno venezolano en determinados ámbitos no constituye, por sí sola, ayuda consciente a una organización criminal.
Además, aclara que no existen pruebas de que el expresidente español haya recibido fondos del gobierno de Venezuela, y que únicamente serían delictivas cantidades derivadas de hechos ilícitos conocidos.
El fiscal Antidroga había solicitado previamente la inadmisión de la querella, argumentando que los hechos denunciados no configuraban delitos de blanqueo de capitales o tráfico de drogas, y que muchos de ellos estaban basados sólo en informaciones periodísticas.
El Ministerio Público enfatizó que la querella contenía conjeturas y suposiciones infundadas, y que el único hecho formal, la acusación a Maduro en Estados Unidos, no involucraba a Zapatero.
Por su parte, Hazte Oír había solicitado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte de Zapatero, la prohibición de salir de España y su comparecencia semanal ante el juzgado.
La organización también pedía llamar como testigos a figuras como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
En su querella, la asociación alegaba que Zapatero habría contribuido a fortalecer la operativa internacional del gobierno de Maduro, más allá de su papel político o diplomático, y que España debía investigar estos hechos para depurar responsabilidades penales.
Sin embargo, la Audiencia Nacional concluyó que no existían indicios suficientes para abrir un procedimiento judicial, como antes se indicó (RG).
