En lo que puede considerarse un paso histórico para combatir la creciente amenaza de la violencia en línea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una Ley Modelo Interamericana destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital basada en género contra las mujeres.

Esta iniciativa, aprobada en diciembre de 2025, está inspirada en movimientos de reivindicación de derechos para las mujeres como la llamada la Ley Olimpia de México, busca proteger a millones de mujeres en América Latina y el Caribe de abusos que van desde el acoso cibernético hasta la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

La violencia digital no es un problema menor: es una extensión de la discriminación de género que afecta la vida diaria de mujeres, adolescentes y niñas. Según expertos de la OEA, incluye actos como el envío de mensajes hostiles repetidos, el seguimiento no autorizado a través de apps, o la creación de videos falsos con inteligencia artificial para difamar. Estos abusos no solo causan daño psicológico y emocional, sino que también limitan la participación de las mujeres en redes sociales, trabajos y política.

En países como México y Brasil, casos reales han mostrado cómo mujeres activistas o políticas son silenciadas por campañas de daño público -de forma masiva- o revelación de datos personales.

Este modelo de ley, elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), no es obligatorio, pero sirve como guía para que los países adapten sus leyes nacionales. Su enfoque es integral: obliga a los gobiernos a educar sobre el tema en escuelas y comunidades, capacitar a jueces y policías, y ofrecer apoyo gratuito a víctimas, como terapia y asesoría legal.

Asimismo, protege a grupos vulnerables, como mujeres indígenas, migrantes o con discapacidades, reconociendo que enfrentan riesgos mayores. Un aspecto clave es la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas, como Facebook o TikTok. Estas empresas deben remover contenido violento rápidamente, transparentar sus algoritmos y cooperar con autoridades para rastrear agresores.

La ley también promueve la cooperación internacional, ya que los abusos en línea no respetan fronteras. Para las víctimas, el modelo promete justicia rápida: remoción inmediata de contenidos dañinos, investigaciones con herramientas digitales especializadas y reparaciones que incluyen compensación económica y disculpas públicas. En educación, se impulsan campañas para fomentar un uso responsable de internet y cerrar la brecha digital en zonas rurales.

Esta ley llega en un momento crítico, con el auge de la inteligencia artificial agravando los riesgos. Organizaciones como Equality Now la celebran como un avance, pero advierten que su éxito depende de la voluntad política y recursos. En América, donde el acceso a internet crece rápidamente, esta herramienta podría transformar el ciberespacio en un lugar más seguro e igualitario.

Nota de prensa de Medianálisis

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