Demanda de $680 millones contra Activision Blizzard en la Call of Duty League: ¿Un cambio en los eSports?
En un giro impactante, Hector ‘H3CZ’ Rodríguez, CEO de OpTic Gaming, junto con el jugador retirado de OpTic, Seth ‘Scump’ Abner, han iniciado una demanda millonaria de $680 millones contra Activision Blizzard, acusando a la compañía de mantener un «monopolio ilegal del 100 por ciento» sobre los torneos profesionales de Call of Duty. Ash Parrish, una destacada periodista con siete años de experiencia en la cobertura de negocios, cultura y comunidades de videojuegos, desentraña los detalles de este caso que podría tener repercusiones significativas en el panorama de los eSports.
Antes del surgimiento de la Call of Duty League (CDL) en 2019, los torneos competitivos de Call of Duty se caracterizaban por su estructura «abierta», permitiendo a cualquier equipo inscribirse y participar. Sin embargo, con la introducción de la CDL por parte de Activision Blizzard, se produjo un cambio drástico. La liga se redujo a solo 12 equipos y se impusieron tarifas de franquicia exorbitantes, alcanzando la cifra de $27.5 millones, según la demanda presentada.
La demanda detalla las condiciones que las organizaciones de eSports, como OpTic Gaming, tuvieron que aceptar para participar en la CDL. A pesar de informes previos que estimaban costos entre $20 y $25 millones por una plaza en la liga, la demanda sostiene que la realidad era más onerosa. Además, se revela que las organizaciones estaban obligadas a ceder el 50 por ciento de los ingresos por ventas de mercancía y entradas de eventos a Activision Blizzard, mientras la compañía mantenía el derecho exclusivo de patrocinio con socios publicitarios clave, incluyendo empresas de bebidas energéticas.
La acusación también apunta a prácticas restrictivas, como la prohibición de participar en torneos fuera de la liga y la limitación de la capacidad de los jugadores individuales para asegurar sus propios patrocinios. Un ejemplo impactante incluido en la demanda describe cómo, en 2020, los jugadores fueron forzados a firmar acuerdos sin la posibilidad de que sus abogados revisaran las reglas de la liga, bajo amenaza de ser expulsados de sus equipos días antes del inicio de la competición.
Esta acción legal sigue a acusaciones previas de comportamiento anticompetitivo de Activision Blizzard en 2023, cuando la compañía llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. por el Impuesto de Equilibrio Competitivo. La nueva demanda sostiene que Activision Blizzard ha consolidado un monopolio en el mercado de ligas y torneos profesionales de Call of Duty, utilizando su posición para eliminar la competencia y forzar a propietarios de equipos y jugadores a aceptar condiciones anticompetitivas.
Activision Blizzard aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
