Delcy Rodríguez sí entró en territorio español y el gobierno violó la legalidad internacional
El Debate accedió en exclusiva al documento que acredita cómo el gobierno vulneró a sabiendas la legalidad internacional con el Delcygate e intentó tapar un oscuro episodio conectado con las sospechas de financiación del PSOE con el petróleo chavista
¿Para qué viajó a España Delcy Rodríguez, por qué el gobierno lo permitió pese a ser ilegal y para qué hizo lo imposible por taparlo primero y después intentar que pareciera una especie de sorpresa inesperada?
Si ya estaba claro que aquella visita furtiva e ilegal fue organizada por Víctor de Aldama con pleno conocimiento del presidente, hoy El Debate demuestra que el gobierno se saltó de manera premeditada la legalidad internacional y que conoció, permitió e intentó esconder la llegada de la número 2 de Nicolás Maduro, íntima de José Luis Rodríguez Zapatero y, según el sobre entregado por Aldama en el juzgado y sus propios testimonios no desmentidos formalmente por nadie, impulsora de una supuesta concesión de hasta 250 millones de dólares, el valor de millones de barriles de petróleo venezolano, para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.
Ésta es la historia de uno de los episodios más oscuros de una trama ya judicializada que comenzó con un increíble aterrizaje en Barajas de la mano derecha del dictador venezolano, hoy preso en Estados Unidos, y el encuentro que mantuvo allí con José Luis Ábalos y una delegación en la que estaban el propio Víctor de Aldama y Koldo García, dos nombres clave en la práctica totalidad de los sumarios que acorralan a Sánchez.
La Decisión PESC 2018/901 del Consejo Europeo del 25 de junio, rubricada por Sánchez recién llegado a La Moncloa, incorpora el nombre de once personas, entre los que figuraba Delcy Rodríguez, todas ellas sujetas a restricciones de entrada en la Unión Europea. Las mismas están detalladas nuevamente en la Decisión PESC 2017/2074 del 13 de noviembre.
Ambas decisiones obligan a todos los Estados miembros a su cumplimiento y tienen fuerza jurídica inmediata sin necesidad de transposición, como ocurre con las directivas. El artículo 6.1 de Decisión PESC 2017/2074 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para impedir «que entren o transiten por él (…) las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela».
Para el Consejo Europeo, Delcy Rodríguez ha sido «presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima» y ha menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, «mediante la usurpación de competencias». Esta normativa se encuentra actualmente en vigor, como también lo estaba en el momento en que Delcy Rodríguez entró en España y fue recibida por el «héroe» Ábalos.
El apartado 2 del mismo artículo regula la concesión de exenciones de las medidas restrictivas, solo por razones humanitarias o cuando un Estado miembro ejerza la Presidencia de la OSCE y mantenga un diálogo político que fomente «la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela», supuestos que no concurrieron en la visita furtiva de Delcy Rodríguez.
El Debate desmonta el bulo del gobierno sobre el Delcygate: Albares mintió y Marlaska se lava las manos
Según ha podido ahora comprobar El Debate, tras una larga investigación llevada a cabo durante cinco años, el gobierno de Sánchez ignoró a sabiendas la excepcionalidad recogida en el artículo 6.2.7 de la Decisión del Consejo de la Unión Europea, que permite conceder una exención solo para los casos citados anteriormente y que requiere la previa notificación por escrito al Consejo, una autorización de alcance limitado y a las personas previamente identificadas por el Estado que la concede.
El ministro de Exteriores, Albares, ha ocultado, amparándose en que se trata de información clasificada, si como la normativa exige, comunicó a la UE la exención a las restricciones impuestas a Delcy Rodríguez. Según Albares, las comunicaciones llevadas a cabo a través del COREU (CORrespondance EUropéenne) constituyen «información clasificada de la UE» y, por tanto, desvelarlas podría «suponer un perjuicio para las relaciones exteriores españolas con la Unión Europea por la naturaleza de la documentación».
Según ha podido confirmar en exclusiva este periódico, esa documentación clasificada, que en caso de hacerse pública pondría en peligro las relaciones exteriores de España con la UE, en palabras de Albares, no existe. Jamás hubo tal comunicación. Así consta en la documentación a la que ha podido acceder El Debate.
El bulo del gobierno de Sánchez para justificar unos hechos que, seis años después siguen envueltos en la polémica, ha sido desmontado desde la propia Unión Europea tras la investigación de este periódico, además de probar la inaplicación de la normativa internacional con pleno conocimiento.
Así, según consta en un documento de la Comisión Europea, el Ministerio de Exteriores, entonces dirigido por Arancha González Laya, no comunicó a la UE el paso de Delcy Rodríguez por Barajas. En concreto, el pasado 26 de febrero la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea confirmaba a El Debate que «no está en posesión de» ninguna comunicación a la UE realizada a través del COREU informando de la llegada a España de la vicepresidenta del gobierno de Venezuela aquel enero de 2020.
La ilegalidad del proceder del gobierno de Sánchez resalta aún más ante el proceder de otro país de la UE, que sí invitó a Delcy Rodríguez en el mes de julio de 2023. La documentación a la que ha accedido este periódico acredita el cumplimiento de la legalidad vigente. Según un nuevo documento del Consejo de la Unión Europea del pasado 19 de febrero, «las autoridades belgas concedieron una exención temporal a las medidas restrictivas impuestas a Dr. Delcy Rodríguez Gómez los días 17 y 18 de julio de 2023 para acudir a la III Cumbre EU-Celac».
En el caso belga, la UE sí admite la existencia del documento cursado según la normativa vigente aprobada por el Consejo de la Unión Europea- conocido como el Consejo de Ministros de la Unión Europea, integrado por ministros de los gobiernos de los 27 Estados miembros de la UE- no permite que sea público porque sería susceptible de dañar las relaciones entre la Unión Europea y Venezuela. Este supuesto deja aún más al descubierto la ilegal actuación del gobierno de Sánchez, franqueando la llegada furtiva a España de Delcy Rodríguez, cuyo encuentro secreto fue descubierto pese a los intentos de Sánchez por ocultarlo, previo aviso de Ábalos de su llegada.
La investigación de este periódico desmonta la cadena de mentiras y constantes cambios de opinión de un Sánchez que «con pleno conocimiento de la realidad jurídica y normativa de la Unión Europea, ignoró a sabiendas la normativa aplicable», afirman los juristas consultados.
Según estos, «tanto la comparecencia en la comisión de investigación del Senado y las respuestas evasivas dadas por Sánchez en ella, como el hecho de que la ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento, según el artículo 6.1 del Código Civil, hace inverosímil que todo un presidente del gobierno, garante de la ley, no conozca el ordenamiento jurídico con toda la legión de asesores y la Abogacía del Estado y la Fiscalía General plegada a su voluntad», concluyen las mismas fuentes.
Pedro Sánchez una vez estalló el escándalo apostó por defender al entonces ministro de Transportes, pues el 12 de febrero de 2020, en una sesión de control del Congreso de los Diputados afirmó que «Ábalos hizo su deber, evitar una crisis diplomática».
No obstante, Sánchez no ha tenido problemas en tener ‘crisis diplomáticas’ con Israel e incluso dejar el Sáhara en manos de Marruecos cuando así lo ha estimado oportuno, poniendo en práctica una política exterior errática y sin consensos. El ejemplo más reciente es la tensión creciente con Estados Unidos, al prohibir el uso de las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva de Trump en Irán.
Días más tarde, el 25, en el Senado añadió que Ábalos se enteró de que venía la vicepresidenta venezolana cuando el avión estaba ya de viaje. Unas afirmaciones que han resultado ser falsas a tenor de lo documentado en los informes de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
En este informe se acredita que Pedro Sánchez dio el visto bueno la llegada de la vicepresidenta venezolana, incluyendo un mensaje que Ábalos le envió a Sánchez el 16 de enero de 2020: «Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (Jorge Rodríguez, hermano de Delcy). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda». A lo que el presidente respondió: «Bien».
Tras la publicación de estos mensajes, el propio Pedro Sánchez tuvo que reconocer que conocía la existencia del viaje, aunque le restó importancia calificándolo de «visita privada», para después añadir que «cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita», algo que reiteró en su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo, incidiendo en que le transmitió a Ábalos que Rodríguez no podía pisar suelo español.
El ministro Marlaska, a preguntas de este periódico, afirmó que su Ministerio una vez constató «que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, y dado que no entró en territorio español», no hizo falta que el gobierno diera instrucciones u órdenes al respecto. Eso sí, Marlaska insiste en destacar que «la única instrucción» que dio desde que tomó posesión de su cargo «fue la de trabajar conforme al principio de Legalidad».
Sin embargo, a la vista de los informes policiales, las propias declaraciones de Aldama, e incluso los pronunciamientos judiciales, es más que evidente que Delcy estuvo en Barajas aquella noche. «Fui el único que subió al avión con Ábalos. La vicepresidenta le dijo que no iba a ser detenida, que llamase a quien tuviese que llamar, que llamase al presidente. Y el presidente habló con Ábalos y le garantizó que no iba a ser detenida. Del avión a la terminal 1, a una sala VIP, fue el traslado y bajó ella con su comitiva, hasta que se resolvió que ella saliese en un avión de Qatar».
Además, en aquel momento, desde Interior se apresuraron a asegurar que «es absolutamente falso que Interior tuviese conocimiento de la llegada de Delcy Rodríguez el sábado 18 de enero», insistiendo en que tuvo confirmación del viaje en la noche del domingo 19 de enero, unas cuatro horas antes de su aterrizaje, por medio de una comunicación del Ministerio de Exteriores.
Sin embargo, según recoge la UCO en uno de los últimos informes, «Koldo inicia los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera». Unas gestiones en las que se incorporó al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, según consta en un mensaje de Whatsapp enviado por Koldo a Pérez Ruiz el 19 de enero de 2020, por lo que no fue Exteriores, sino Koldo el que informó de la visita y el responsable de Interior se habría encargado de asegurar la vivienda en la que se iba a hospedar la mano derecha de Maduro.
Pero, quien más veces ha cambiado de versión sobre lo ocurrido aquella noche de enero ha sido el propio Ábalos. En primer lugar, negó la existencia del viaje, pero cuando salió a la luz aseguró que tenía una reunión con el ministro de Turismo y que solamente saludó a Delcy en el avión.
Después, ya el 25 de enero de 2020, añadió que, llegando al aeropuerto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le avisó de las sanciones vigentes que impedían que la vicepresidenta venezolana pisara suelo español, para llegar a admitir el 31 de enero que estuvo con ella en una sala de Barajas.
De esta manera, con este escrito se intentaba proteger al gobierno evitando reconocer que, según las declaraciones de Aldama y los informes de la UCO, Ábalos estaba al tanto, pues había gestionado la llegada de Delcy, y que incluso el presidente estaba dispuesto a reunirse con ella, para entablar negocios relacionados con el petróleo venezolano y solo en el último momento cambiaron de parecer.
Esos son los ingredientes de una trama que se cocinó aquella madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas y que ha supuesto uno de los mayores escándalos desde que Sánchez llegó al gobierno.
Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, habría negociado con el exministro de Transportes la puesta a disposición del PSOE de 6 millones de barriles de crudo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), por valor de 250 millones de dólares, que servirían para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez desde 2022, mientras que Zapatero estaría al mando en la operación, según la documentación aportada por el empresario y su declaración en la Audiencia Nacional, desvelada por El Español.
