La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles 19 de noviembre, medidas cautelares en beneficio del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez y otros tres ciudadanos; tras considerar que se encuentran en una «situación de gravedad y urgencia».
El organismo precisó que mediante la Resolución 83/2025, se determinó que «sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela». El beneficio aplica también para el dirigente político Macario Bonifacio González Arias, su núcleo familiar, Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres.
En el caso del excandidato presidencial Enrique Octavio Márquez Pérez, la Comisión encontró que su situación de «privación de libertad, la falta de comunicación con sus familiares», y la ausencia de información sobre sus condiciones de detención y estado de salud actual, lo exponen a una mayor afectación a sus derechos.
Además, la Comisión destacó la imposibilidad de los familiares y representantes de activar acciones internas efectivas con el objetivo de proteger los derechos de las personas beneficiarias. «Tampoco no se contó con respuesta por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o bien mitigar la situación de riesgo de las personas beneficiarias», dijo la CIDH.
En ese sentido, la Comisión enfatizó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela «no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables».
La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
