Desde tempranas horas de este jueves 26 de enero, se ha estado desarrollando una reunión de alto nivel entre representantes de la Coalición Sindical del Magisterio Larense, por un lado, y altos funcionarios de la Zona
Educativa del Estado Lara y de la Secretaría de Educación del ejecutivo regional, por el otro.

Allí, los dirigentes de la antes mencionada alianza gremial están consignando una abundante documentación en torno a una serie de quejas y de reclamos de los educadores larenses, tanto nacionales como estadales, con el objeto
de que se les busque solución a los mismos.

Portavoz de la información fue el profesor Ricardo Rojas, directivo del Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Lara (Sumalara), que forma parte de la Coalición Sindical antes referida.

–Antes que todo –destacó el dirigente gremial—, es bueno que sepa la opinión pública que uno de los documentos que se está entregando contiene centenares de firmas de padres y representantes, que entienden y respaldan nuestra justa lucha.

–Es que los padres y representantes captaron —prosiguió— que nuestra lucha está plenamente justificada, por lo que no han vacilado en brindarnos multitudinariamente su apoyo.

Infraestructura deteriorada

–Pero es que también estamos nosotros reclamando –algo que también han podido apreciar los padres y representantes— por el grave deterioro en que se halla por lo menos el 70 por ciento de la infraestructura escolar de todo el Estado Lara, incluidos, además y muy especialmente, los servicios indispensables de agua y de electricidad.

–Por supuesto, se está planteando igualmente en dicha documentación la grave situación que están viviendo muchos educadores, no solamente por los salarios de hambre que estamos devengando –lo que ya es bastante, por cierto–, sino también por los amedrentamientos, persecuciones, suspensión de sueldos y atropellos en general, de los cuales están siendo objeto muchos docentes en esta entidad federal.

Expresó que tal “persecución” y tales “atropellos” devienen fundamentalmente de los directores de planteles y de los coordinadores circuitales.

A manera referencial, informó Rojas que, hasta ahora, el área geográfica en donde más se han visto “estos atropellos” es en el Municipio Palavecino.

–Ahora –dijo finalmente–, lo que queda pendiente es esperar una respuesta clara y concreta de las autoridades educativas, en un lapso que creo es de 20 días hábiles, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional, si no estoy equivocado.

Reinaldo Gómez
Gráfica: Ángel Zambrano