La disposición de alejamiento que supuestamente ha sido emitida contra los sindicalistas y obreros cementeros “judicializados” o “bajo medidas restrictivas” no es más que una de las tantas arbitrariedades en que este gobierno incurre contra la clase trabajadora.
En tal apreciación coincidieron los abogados Manuel Virguez y Jacobo Mármol, al serles consultadas sus opiniones en torno a la denuncia recientemente hecha pública por el también abogado Orlando Chirinos, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Cemento, y secretario general del sindicato de Trabajadores del Cemento del estado Lara.
En tal denuncia, Chirinos apuntó que, por disposición de las autoridades del Trabajo, sobre los dirigentes sindicales de dicho gremio, incluido él, por supuesto, como sobre los trabajadores cementeros que de alguna manera han salido a reclamar justas reivindicaciones ha recaído una orden de alejamiento tanto de las sedes de las Inspectorías del Trabajo como de las respectivas plantas de cemento, en todo el país.
El primero de ellos –quien es también coordinador del Movimiento Vino Tinto en el Estado Lara–, por ejemplo, apuntó que, de ser cierta tal disposición, ella es totalmente ilegítima, aparte de, obviamente, “arbitraria”.
–Y es arbitraria nada más y nada menos porque viola el artículo 68 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de asociación.
¿Y qué podría hacerse para revertir tal “arbitrariedad”?
–En este momento, acudir al Tribunal Supremo de Justicia con un recurso de nulidad, pero, además, debiera llevarse el caso a la comisión especial de al Organización Internacional del Trabajo. que actualmente se halla en Venezuela.
El segundo de ellos aseveró que la medida, en caso de ser cierta, es “totalmente inconstitucional porque viola nuestra carta magna en su artículo 68, pero también los preceptos y derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo”.
–Por cierto, instrumentos legales ambos –la Constitución y la Ley del Trabajo— hechos por estos mismos que están gobernando, pero que son los primeros en violarlos.
–En fin, eso es un absurdo jurídico, por cuanto deja a todos los afectados en total estado de indefensión, y demuestra que el Ministerio del Trabajo se ocupa de muchas cosas, menos de los trabajadores.
Reinaldo Gómez
