Oscar Murillo, coordinador general de la ONG, advirtió que la sociedad civil no tiene acceso a verificar la información difundida por diputados a la Asamblea Nacional debido a que la comisión de seguimiento de la norma excluyó a las organizaciones
Familiares exigen la liberación de los presos políticos | Foto: Federico Parra / AFP
Oscar Murillo, coordinador general de la organización Provea, cuestionó la transparencia del proceso de liberación de presos políticos en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática,tras el anuncio de que miles de personas presuntamente se han beneficiado de esta medida.
Murillo publicó en su cuenta de X que la sociedad civil no tiene acceso a verificar las cifras difundidas debido a que la comisión de seguimiento de la norma está conformada únicamente por diputados a la Asamblea Nacional.
Eso, expresó, a pesar de que Provea propuso la inclusión de representantes de organismos internacionales de derechos humanos, la Iglesia, comités de víctimas y miembros de la sociedad civil.
“La figura de la comisión de seguimiento se aceptó, pero solo con diputados. Entonces, desde la sociedad civil no tenemos acceso para certificar y verificar las cifras que se difunden, con lo cual se compromete la transparencia del proceso”, señaló.
Más de 7.000 supuestos beneficiados
La alerta de Murillo ocurrió luego de que el diputado chavista Jorge Arreaza, encargado de la comisión parlamentaria que supervisa la Ley de Amnistía, informara el jueves que 7.474 personas estaban en libertad restringida.
Además, señaló que 253 que permanecían detenidas recibieron el beneficio con la extinción de la causa penal, liberándolas de cualquier responsabilidad por los delitos a los que aplica la ley.
La comisión indicó que recomendó medidas de excarcelación para 116 personas,aunque explicó que en estos casos los juicios continúan porque los cargos no están incluidos en la legislación de amnistía.
Hasta ahora, según el chavismo, se han recibido 12.557 solicitudes, de las cuales 9.726 son válidas, 539 se encuentran en estudio y 2.831 fueron identificadas como duplicadas en distintos organismos del sistema judicial.
Arreaza también dijo que se registraron 1.460 solicitudes que no aplican a la ley por tratarse de presuntos delitos graves como homicidio, corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos.
Además, aseguró que la comisión mantiene comunicación con diversas ONG, incluyendo el Foro Penal, organización que registra que desde el 8 de enero se han excarcelado a al menos 673 presos políticos.
“Aspiramos que se actúe con base a la verdad. Sigamos ejerciendo nuestros derechos para garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos”, concluyó Murillo.
