Mercedes de Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, expuso en una entrevista con Aristegui Noticias que numerosos casos de corrupción milmillonaria en Venezuela son investigados en al menos 30 países.
Sostuvo la entrevistada –según el portal “Versión Final”– que la ONG que representa ha investigado y verificado 500 casos de corrupción en el país, pero, que, no obstante, la justicia internacional investiga menos de la mitad de tales casos.
“Tenemos identificados 500 casos, pero los casos de corrupción que están procesándose en 30 países son solamente 172, y el 60 % ya suman la extraordinaria cifra de 72 mil millones de dólares, y eso es sólo, repito, el 60 % de los casos que están en la justicia de otros países”.
Equivalente a seis Planes Marshall
Valga destacar, a título comparativo, que la gigantesca cifra de 72 mil millones de dólares equivale a seis planes Marshall, el célebre programa ideado por el gobierno del presidente Harry Truman (1945-1953), durante cuyo mandato empezó la Guerra Fría, para, entre otras cosas, además de ayudar, lograr alinear en torno a Washington a muchos de esos países que recibieron tal ayuda.
En todo caso, con este plan, Estados Unidos ayudó a los países europeos a recuperarse de la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial: Suministró asistencia técnica y administrativa, y 13.000 millones de dólares para reactivar sus economías.
De Freitas explica que “los números nuestros de corrupción, que se ha sustraído de los recursos públicos del país, son cientos de millones de dólares”, y sostiene que esto “explica” el deterioro económico y de servicios públicos en el país.
Milmillonarios escándalos
Desde el ascenso del presidente Hugo Chávez al poder hasta la llegada de Nicolás Maduro y ahora de la presidencia interina de Delcy Rodríguez, el país ha sido testigo de múltiples escándalos de corrupción que han expuesto cifras millonarias desviadas.
A principios de 2023, el Ministerio Público venezolano reveló una trama donde altos funcionarios de la estatal petrolera utilizaban criptoactivos para comercializar petróleo y evadir sanciones, pero el dinero de esas ventas nunca ingresó a las arcas del Estado.
Aunque las cifras oficiales del Ministerio Público hablaron de montos menores, la investigación de Transparencia Venezuela y expertos financieros calculó una brecha de «cuentas por cobrar» de aproximadamente $21.200 millones.
De esa cantidad, se estima que al menos $3.000 millones se perdieron directamente a través de operaciones con criptomonedas que no dejaron rastro.
Por este caso, la justicia venezolana expuso al entonces ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Tareck El Aissami, el exministro de Finanzas, Simón Zerpa, y el empresario Samark López Bello.
Los tres siguen detenidos, según la información oficial.
Otro caso recordado es el de la constructora brasileña Odebrecht.
Por supuesto, el caso Odebrecht
El esquema consistía en el pago de coimas a funcionarios para obtener contratos de grandes obras de infraestructura (puentes, líneas de metro, centrales eléctricas) que quedaron inconclusas, o incluso que nunca se iniciaron.
Según el Departamento de Justicia de EstaDOS Unidos, Odebrecht pagó al menos $98 millones en sobornos a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015.
Sin embargo, el daño patrimonial es mucho mayor: Transparencia Venezuela identificó que el Estado venezolano asignó más de $30.000 millones a 40 proyectos de la constructora, de los cuales la gran mayoría quedaron abandonados, lo que dejó al país con una infraestructura colapsada.
En la misma “temporada” de casos de corrupción, Transparencia Venezuela determinó que, entre 1999 y 2016, se destinaron más de $37.000 millones para el sistema eléctrico (plantas eléctricas y equipos que, en muchos casos, no eran usados o no eran compatibles con el sistema nacional).
De ese monto, se estima que al menos $23.000 millones presentan irregularidades o no pueden ser auditados, corruptelas que explicarían por qué, a pesar de la inversión, el país sigue sufriendo fallas constantes de suministro eléctrico.
Cambio de estructuras
“Esto explica la represión, las torturas, ese control absoluto, porque hay que cuidar ese estado de corrupción, un estado de corrupción que tiene que ver con el crimen organizado”, denuncia la representante de Transparencia Venezuela.
De Freitas afirma que, tras investigaciones realizadas desde 2018 hasta la actualidad, han podido determinar que, “desde hace años, la relación entre el Estado y los grupos criminales es simbiótica”.
“Esto es (relación simbiótica) en las clasificaciones académicas, una clasificación donde no existe diferencia y no hay límite, o sea que no está claro dónde termina el Estado y donde empiezan los grupos criminales”, explicó.
Aseguró que el arco minero del Orinoco, en los Estados Bolívar y Amazonas, ha sido igualmente blanco de esta corrupción.
“Ahí empezaron a entrar las alianzas estratégicas, que es la figura para entregar los permisos para la explotación. Todos esos permisos se los dan sólo a amigos del alto gobierno”, apuntó.
Sostiene que, en verificaciones de su investigación, “los propietarios tienen una relación directa con personajes del alto gobierno”.
De Freitas expuso que, para detener todos estos casos de corrupción en Venezuela, es necesario cambiar su estructura. “Para empezar un proceso nuevo, necesitamos cambiar la estructura del Estado, no sólo con gente diferente, ya que hacen falta órganos de justicia independientes, que la seguridad y la defensa estén del lado del ciudadano, para lo que, además, necesita una reforma electoral”, expresó.
Sentenció que “cambiar todas estas cosas a nosotros nos indica que nada ha empezado todavía, y que aún no podemos hablar de transición, porque está lejos de comenzar” (RG).
