Según denuncias de la ONG Monitoreo Azul y Blanco, al menos 60 personas fueron arrestadas de forma arbitraria tras haber manifestado su apoyo o celebrado en plataformas digitales la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses. Esta táctica de detenciones sin orden judicial busca silenciar cualquier expresión de júbico o disidencia en las redes sociales, dejando actualmente a 49 ciudadanos bajo custodia en un entorno de total vulnerabilidad legal.
Este patrón de detenciones relámpago e interrogatorios intimidatorios ha encendido las alarmas de los organismos internacionales, quienes ven en estos actos una violación directa a la libertad de pensamiento y expresión. Mientras una parte de los detenidos fue liberada tras presiones psicológicas, la permanencia de casi medio centenar de personas en prisión refuerza el clima de control que impera en la región. Movimientos opositores y defensores de los derechos humanos exigen la liberación inmediata de estos nuevos presos políticos, señalando que opinar sobre la geopolítica regional no debería ser motivo de persecución penal.
