La brecha entre el discurso oficial y los hechos vuelve a generar indignación internacional. Pese a los anuncios recientes que sugerían la liberación masiva de «cientos» de detenidos, la realidad en los centros de reclusión cuenta una historia muy distinta.
Marshall S. Billingslea ha denunciado que la cifra real de beneficiados es alarmantemente baja, contrastando apenas 11 liberaciones frente a un universo de casi 1,100 personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
El foco de la denuncia recae sobre la gestión de figuras clave del gobierno, señalando que la responsabilidad sobre organismos como el SEBIN y El Helicoide ha sido persistente a lo largo de los años. Según el exfuncionario estadounidense, estas instituciones mantienen bajo custodia a la gran mayoría de los señalados, lo que evidencia que la política de detenciones arbitrarias sigue vigente a pesar de las presiones y las promesas de apertura institucional.
No olvidar estas cifras es fundamental para entender la magnitud de la crisis de derechos humanos en el país. Mientras se promociona una supuesta voluntad de cambio, cientos de ciudadanos continúan atrapados en procesos judiciales sin garantías. La comunidad internacional y los defensores de derechos fundamentales insisten en que la libertad no debe ser un anuncio selectivo, sino una restitución total de derechos para quienes permanecen tras las rejas.
