El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema una orden de emergencia para revocar las protecciones legales a más de 300.000 migrantes venezolanos. Esta medida busca suspender un fallo de un juez federal que determinó que la administración terminó de manera incorrecta el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
La Corte de Apelaciones federal en San Francisco ya había rechazado la solicitud del gobierno para suspender el fallo, lo que llevó al Departamento de Justicia a recurrir a la máxima instancia judicial. El Procurador General, D. John Sauer, argumentó en el nuevo documento judicial que un fallo anterior de la Corte Suprema debería aplicarse también a este caso.
En su escrito, Sauer criticó a los «tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de esta corte» en el «expediente de emergencia». Según el procurador, la decisión del juez detuvo la anulación del TPS para más de 300.000 extranjeros «basándose en teorías legales sin mérito», en un intento por acelerar la terminación de las protecciones.
El gobierno de Trump ha tomado medidas para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país. Esta acción no solo afecta a los venezolanos, sino también a más de 500.000 haitianos que recibieron el TPS durante la presidencia de Joe Biden.
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger de la deportación a personas de países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. La decisión de la Corte Suprema tendrá un impacto crucial en el futuro de miles de migrantes venezolanos que han encontrado refugio en Estados Unidos.
