El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reiteró tras el ataque a su convoy que «unos pocos vándalos» no impedirán que siga trabajando por Ecuador y advirtió que este tipo de hechos ya no se permiten y serán castigados. Hasta el momento, las autoridades detuvieron a cinco sospechosos.
«Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley se aplica para todos», expresó el mandatario durante una acto celebrado en la ciudad de Cuenca junto a un grupo de escolares, a quienes les pidió que «no sigan el mal ejemplo» de aquellos que le han apedreado horas antes.
«Nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes, trataron de agredirnos», dijo Noboa, quien subrayó que «unos pocos vándalos» no impedirán que siga trabajando por el país, según recoge Ecuavisa.
Las autoridades ecuatorianas detuvieron a cinco personas sospechosas de participar este martes en el ataque al convoy del presidente Noboa, recibido con piedras a su paso por la provincia de Cañar, si bien la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró también la presencia de «signos de balas».
Los cinco sospechosos fueron trasladados a la ciudad de Cuenca, según confirmó la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Su coordinador, Yaku Pérez, en calidad de abogado, sostuvo que no formaron parte de «las agresiones a la caravana presidencial».
«Ellos manifiestan que no estuvieron, en ningún momento, ejerciendo actos de violencia. Ninguno de ellos estuvo en la protesta, solamente se les confundió», alegó Pérez, quien denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad durante la detención de estos, informa ‘El Universo’.
Está previsto que este miércoles se les informe formalmente de lo que se les acusa. Las autoridades adelantaron que serán procesados por delitos de intento de asesinato contra el presidente, lo que supone penas de entre diez y trece años de cárcel.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) acusó al Gobierno de provocar estos hechos al haber cruzado por una «zona de resistencia» con el objetivo de conseguir una justificación para la «represión» contra estos colectivos, en un momento además de protestas por eliminar el subsidio al diésel.
En ese sentido, no descartan que lo ocurrido en Cañar se trate de «un acto de falsa bandera» para «criminalizar el movimiento indígena y popular» y desviar la atención de la «grave crisis» social, política y económica por la que pasa Ecuador.
