Señalaron que, en ese caso, le corresponde al suplente del director ejecutivo ejercer el interinato
Defensor del pueblo encargado, Tarek William Saab | Foto referencial
El Bloque Constitucional de Venezuela denunció la designación «irregular» de Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado. El nombramiento se dio luego de que se produjera la renuncia de Alfredo Ruiz en el cargo.
La organización emitió un comunicado con el que protestó por la designación ordenada por la Asamblea Nacional (AN). Al mismo tiempo, indicaron que esta decisión viola la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Designación de defensor del pueblo encargado
«El Bloque Constitucional de Venezuela protesta y denuncia la irregular designación que
hiciera la Asamblea Nacional, como defensor del pueblo (encargado), en la persona de quien hasta hace pocos días ejerció el cargo de Fiscal General, por cuanto, tal nombramiento, no solo viola de manera ostensible lo previsto en el artículo 280 de la Constitución de 1999 y, lo dispuesto en los artículos 26 y 33, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; sino que, además, incumple los criterios de racionalidad normativa y procedimental, e idoneidad moral, rectores de la organización de los poderes públicos», precisaron en el comunicado.
Recordaron que, ante la falta absoluta o temporal del defensor del pueblo, se debe cubrir el cargo según lo dispuesto en la ley. Además, detallaron que dicha normativa establece que en este caso debe ser «subrogado por el director o directora ejecutiva» para que desempeñe sus funciones de manera interina, mientras se realiza una nueva designación.
Por otra parte, la organización aclaró que las circunstancias de cese del director ejecutivo no habilitan a la AN a hacer la designación. Señalaron que, en ese caso, le corresponde al suplente del director ejecutivo ejercer el interinato.
En este sentido, consideraron que la designación se realizó a través de «una cuestionable táctica» con la que se obvió la aplicación de la ley.
Por otra parte, recalcaron que la norma exige que el cargo sea ejercido por una persona con competencia en materia de derechos humanos. Sin embargo, consideraron que el exfiscal general «ha demostrado incapacidad e insensibilidad para atender graves violaciones a los derechos humanos de los presos políticos que ampara hoy la Ley de Amnistía».