El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, ejecuta un “plan de aniquilamiento” de la oposición en Venezuela a través de un aumento de la represión, que incluye detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, alertó la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en su último informe, se lee en el portal “El Pitazo”.
“La represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras, o percibidas como tales”, aseguró el grupo en las conclusiones de sus investigaciones sobre la represión en el país luego de la elección presidencial de 2024.
“Graves violaciones” a los derechos humanos
La Misión remarcó que la represión contra opositores se tradujo en la comisión de “graves violaciones” a los derechos humanos y de “crímenes internacionales”, que incluyen el “crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”.
El grupo indicó que en la investigación consiguieron “motivos razonables” para creer que la represión gubernamental causó al menos 30 víctimas fatales en medio de las protestas poselectorales, y que cinco de ellas fallecieron en custodia del Estado.
Resaltó que la administración de Maduro mantiene la conducta de “ejercer detenciones arbitrarias” contra opositores y disidentes reales por el ejercicio de derechos políticos y libertades civiles.
“Las detenciones arbitrarias son ordenadas por las autoridades políticas, justificadas y avaladas por el Ministerio Público, confirmadas por el sistema judicial, y continuadas por las autoridades penitenciarias. Esta conducta no es nueva, y refleja más una práctica de carácter autoritario propia de un estado no de derecho”, aseguró el informe.
Detenciones arbitrarias: Todas contra opositores
El grupo documentó 443 detenciones arbitrarias desde el 28 de julio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.
Aclaró que la cifra es un subregistro de la realidad, pero revelan que al menos 25 personas fueron detenidas cada mes durante ocho meses.
“Esta violación, junto con otras como la tortura y la violencia sexual y de género, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, debido a la identidad de las víctimas como personas opositoras al gobierno”, explicó.
“Todos los detenidos son de oposición…”
Sólo en los primeros ocho meses de 2025, se registraron 200 detenciones, 84 de ellas (67 hombres y 17 mujeres) ocurrieron en el marco de la toma de posesión presidencial del 10 de enero. Todos los detenidos fueron políticos de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y familiares de personas opositoras, según el informe.
“La gran mayoría de estas personas permanecen aún detenidas. Entre las detenciones, destacan las de dos adolescentes de 17 años de edad, uno de los cuales fue excarcelado el 11 de junio de 2025”, precisan en el documento.
La segunda ola de detenciones la registraron durante los días anteriores y posteriores a las elecciones regionales del 25 de mayo, en el que documentaron 42 detenciones (34 hombres y 8 mujeres) relacionadas con conspiraciones, reales o ficticias, contra los comicios.
El grupo identificó un repunte de la “acción represiva del Estado” entre junio y julio con la detención de al menos 61 personas (43 hombres y 18 mujeres).
Violaciones y torturas
La investigación evidenció que las personas detenidas, principalmente mujeres y niñas adolescentes, “fueron objeto de violencia sexual” basada en género, como la desnudez forzada, el sexo transaccional coercitivo o la prostitución forzada.
“Esta forma de violencia no constituye un hecho aislado, sino una línea de conducta que se enmarca en una política de silenciar a personas opositoras”, señaló.
La Misión levantó el informe luego de efectuar 237 entrevistas confidenciales con víctimas y testigos individuales, tanto de manera remota como personal, así como con agrupaciones y organizaciones sociales venezolanas e internacionales.
“Endurecimiento” de los abusos
Se resaltó en las conclusiones de la investigación que hay un “endurecimiento” en la aplicación de medidas prolongadas de aislamiento e incomunicación contra los detenidos; así como varios casos de desaparición forzada, que han incluido períodos de corta duración, días u horas, y otras más extensas, que han alcanzado hasta más de seis meses.
“En más de 30 casos, las autoridades, de manera consciente, han mantenido a personas detenidas en régimen de incomunicación por su posición política opositora contra el gobierno”, indicó la Misión de Determinación de Hechos, que sostiene que todas las violaciones son consideradas “crímenes de lesa humanidad” (RG).
