La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que incrementa de 20 a 32 el número de magistrados de la máxima corte del país. La medida fue sancionada por unanimidad en el seno de un nuevo proceso de designación de jueces destinado a cubrir vacantes por renuncias y jubilaciones. La reforma también reorganiza la estructura interna del tribunal: la Sala Constitucional pasará de cinco a siete magistrados, mientras que las demás salas electorales, penales, sociales, civiles y político-administrativas contarán con cinco integrantes cada una, en lugar de tres.
Desde el oficialismo, la iniciativa fue presentada como un avance en la "transformación" del sistema judicial venezolano y un mecanismo para democratizar el acceso a la justicia. El diputado Nicolás Maduro Guerra afirmó que el Parlamento recibió más de mil escritos respalando la modificación legal y aseguró que el aumento de magistrados busca acelerar procesos que actualmente enfrentan fuertes retrasos. El titular de la Asamblea, Jorge Rodríguez, solicitó además a la comisión legislativa encargada de seleccionar nuevos magistrados que adapte sus procedimientos a esta nueva realidad institucional.
Sin embargo, la oposición y especialistas cuestionaron severamente la reforma, argumentando que el verdadero problema del sistema judicial venezolano no radica en la cantidad de magistrados sino en la falta de independencia de los tribunales frente al poder político. El diputado Luis Florido señaló durante el debate que "la politización de la justicia" es un factor determinante en el deterioro del sistema. Por su parte, Stalin González criticó el alcance limitado de la reforma y pidió cambios más profundos, citando el reciente fallecimiento del preso político Víctor Quero Navas bajo custodia estatal como prueba de las fallas estructurales del aparato judicial.
El abogado y analista Alí Daniels expresó una posición similar a la de los diputados opositores, señalando que "el problema no es tener 20 o 32 magistrados". Según su perspectiva, la verdadera solución requiere "jueces que se atrevan a dictar una sentencia en contra de los intereses del poder Ejecutivo". Esta crítica refleja las preocupaciones generalizadas sobre la autonomía e independencia del poder judicial en Venezuela, independientemente del número de magistrados que lo integren.
Fuente: Infobae — Ver nota original
