En las últimas horas, diversas ONG venezolanas han confirmado la excarcelación de aproximadamente 70 personas detenidas tras las protestas del 28 de julio. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP) detalló que las liberaciones incluyen a 60 ciudadanos en la cárcel de Tocorón, seis mujeres en Las Crisálidas y tres adolescentes en La Guaira. Aunque cada nombre que sale de las listas de reclusión representa una victoria para la esperanza, las organizaciones insisten en que la lucha no termina aquí.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha calificado estas medidas como «claramente insuficientes», recordando que todavía existen más de 1,000 personas privadas de libertad por motivos políticos en el país. Si bien el regreso a casa de estos ciudadanos tiene un impacto positivo e inmediato para sus familias, especialmente en una fecha tan significativa como la Navidad, los defensores de Derechos Humanos advierten que estas acciones no corrigen la ilegalidad de fondo de sus detenciones.
Expertos y activistas señalan que el carácter selectivo y discrecional de estas liberaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política. Desde una perspectiva de Derechos Humanos, la libertad debe ser garantizada como un derecho inalienable y no otorgada como una prerrogativa o concesión. La exigencia es clara: la restitución total de los derechos para todos aquellos que han sido detenidos de forma arbitraria.
Actualmente, cifras de Foro Penal indican que 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, mientras que 62 se encuentran en condición de desaparición forzada. Mientras celebramos el reencuentro de estas 70 familias, la sociedad civil y las organizaciones internacionales mantienen el foco sobre quienes aún permanecen tras las rejas, exigiendo una libertad plena y justicia verdadera para todos los venezolanos.
