La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina ha sido condenada en rebeldía este lunes a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad cometidos durante la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que costó la vida a 1.400 personas y que finalmente provocaron su caída, tras quince años de mandato.
El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh ha dictado también pena de muerte para quien fuera ministro del Interior durante aquellos hechos, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que al ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, quien colaboró en el proceso judicial, le ha impuesto cinco años de prisión.
El tribunal ha dictaminado la confiscación de los bienes de Hasina, huida a India y que tiene otros tres casos pendientes en esta misma corte, establecida en 2009 para investigar y enjuiciar crímenes de genocidio y de lesa humanidad: dos por desaparición forzada y otro por la represión de unas protestas de 2013.
Hasina ha sido declarada culpable de la muerte de seis manifestantes desarmados en Daca a manos de la Policía, en agosto del año pasado durante las protestas, así como de ordenar a los agentes utilizar fuerza letal contra los manifestantes.
En un comunicado difundido por su partido, la Liga Awami, Hasina ha rechazado el veredicto y ha acusado al tribunal de estar «amañado» y de ser «parcial», además de moverse por motivaciones «políticas» para ocultar «la administración caótica, violenta y socialmente regresiva» del primer ministro interino, Muhammad Yunus.
«Los juicios llevados a cabo por el llamado Tribunal Internacional de Crímenes nunca tuvieron como objetivo lograr justicia ni proporcionar una comprensión sincera de los eventos de julio y agosto de 2025», ha dicho Hasina, quien ha asegurado no tener miedo de ser juzgada en un proceso judicial «adecuado».
El fallo contra Asaduzaman, que se encuentra también prófugo de la Justicia, también contempla que se le retiren sus propiedades. La Fiscalía solicitó que en caso de que fueran declarados culpables se utilizaran estos bienes para reparar a las víctimas, según ha informado el diario bangladeshí ‘The Daily Star’.
Hasina ya fue condenada a principios de julio a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.
