Durante el fin de semana el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, España, acordó la libertad con medidas cautelares para tres personas detenidas por el ‘caso Plus Ultra’, entre ellos el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
De acuerdo con las fuentes, la decisión fue tomada por el juez Alfredo Barrera, aunque la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario.
El magistrado acordó para los tres la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.
Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el sábado 13Dic, después de ser detenidos a lo largo de esta semana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La jueza Esperanza Collazos investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al «uso indebido» de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió en forma de rescate en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
Se trata de una denuncia que la Audiencia Nacional rechazó admitir el año pasado por falta de competencia y al considerar que el competente sería el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid porque fue el que investigó el rescate de la aerolínea.
La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
Presentada contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
La constituirían -explicaba– «personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español», y estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de «muy alta cuantía», concretamente de «fondos públicos de programas CLAP», impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y «ventas de oro del Banco de Venezuela».
