Una de las tácticas de defensa del expresidente Donald Trump consiste en poner palos en la rueda para dilatar los procesos. Los abogados del expresidente han sacado el manual y, con el argumento de la complejidad del caso, han pedido que el juicio federal por el intento de subvertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 se celebre en abril de 2026, año y medio después de las próximas elecciones presidenciales en las que aspira a volver a la Casa Blanca.

El fiscal federal Jack Smith había propuesto la primera semana de enero del año próximo como fecha para iniciar la selección del jurado y empezar el juicio. En este caso, que supuso la tercera imputación del expresidente (esta semana ha llegado la cuarta, por injerencia electoral en el estado de Georgia), el fiscal hacía referencia a otros seis conspiradores, pero dirigía la acusación solo con Trump en un aparente intento de agilizar el proceso.

En su pliego de cargos, el fiscal acusa a Trump de cuatro delitos: manipulación de testigos, conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Trump sostiene que la robaron las elecciones, pero el fiscal no le acusa por ese gran bulo sin fundamento, sino por los actos que emprendió para alterar él el resultado e impedir la proclamación de la victoria de Joe Biden.

Será la jueza Tanya Chutkan la que tenga que decidir el calendario, una vez analizadas los alegaciones de las dos partes. Los abogados de Trump tienen algún argumento de peso para rechazar una apertura tan rápida del juicio oral como la que propone el fiscal. En el escrito en que piden el señalamiento para 2026 subrayan la complejidad del caso y el ingente volumen de documentos del sumario, al que todavía no tienen acceso.

Según señalan, los materiales del caso ocupan 8,5 terabytes de información y suman 11,5 millones de páginas. Apiladas, argumentan, serían como una torre de papel de 5.000 pies de altura (unos 1.500 metros). Incluso incluyen en el escrito un gráfico que muestra que la altura sería más de 15 veces la de la Estatua de la Libertad de Nueva York y más de 8 veces el obelisco del monumento a Washington, la construcción más alta de la capital federal.

Los abogados añaden que llevaban dos días descargando la documentación desde que recibieron el enlace y no habían terminado. “Incluso suponiendo que pudiéramos empezar a revisar los documentos hoy, tendríamos que proceder a un ritmo de 99.762 páginas por día para terminar (…) en la fecha propuesta para la selección del jurado. Eso es la totalidad de Guerra y Paz de Tolstoi, de principio a fin, 78 veces al día, todos los días, desde ahora hasta la selección del jurado”, señalan.

Al texto impreso, añade el escrito, aún habría que añadir “las grabaciones de audio, los archivos de imágenes de teléfonos y dispositivos electrónicos, y otros materiales que requerirán una revisión exhaustiva y laboriosa”.

Los abogados alegan que lo habitual es establecer un calendario de juicio proporcional al tamaño y alcance del sumario y a la complejidad del caso. Y denuncian: “El Gobierno rechaza este enfoque sensato. En su lugar, busca un calendario de juicios más rápido que la mayoría de los delitos menores sin documentos, solicitando solo cuatro meses desde el comienzo del descubrimiento de pruebas hasta la selección del jurado. El objetivo del gobierno es claro: negar al presidente Trump y a su abogado la posibilidad de prepararse para el juicio”.

Agenda cargada

En su lugar, los abogados de Trump proponen un detallado calendario de más de dos años y medio de pasos procesales en el que no hay ninguna incidencia en la recta final de la campaña de las elecciones presidenciales de 2024. Ese calendario alternativo desembocaría en un juicio en abril de 2026.

Curiosamente, los abogados también argumentan lo cargada que está la agenda del expresidente con sus múltiples imputaciones y demandas para defender su calendario frente al propuesto por el fiscal. Los abogados del expresidente hacen un repaso de sus frentes jurídicos. Lo primero son dos casos civiles: uno en el tribunal estatal de Nueva York, programado para un juicio de seis semanas a partir del 2 de octubre de 2023 y otro en el Distrito Sur de Nueva York, programado para un juicio de dos semanas a partir del 15 de enero de 2024.

A continuación, llegaría el juicio por las falsedades mercantiles por los pagos para ocultar escándalos (uno de ellos una aventura extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels) en la campaña de las presidenciales de 2016. Es el primer caso penal por el que fue imputado, y está programado ante un tribunal del estado de Nueva York, para un juicio de 5 semanas a partir del 25 de marzo de 2024.

En ese hipotético calendario, llegaría luego el caso penal en el tribunal del estado de Georgia por intentar alterar allí el resultado electoral de 2020. Es el caso por el que ha sido imputado esta semana, para el que la fiscal ha solicitado un juicio el 4 de marzo de 2024 (aunque la fecha no ha sido aún fijada por el juez).

Y además está el caso penal por delitos contra la ley de espionaje y de obstrucción a la justicia por conservar en su poder de manera ilícita material clasificado tras su marcha de la Casa Blanca. La jueza del Distrito Sur de Florida ha programado para ese caso un juicio de 5 semanas a partir del 20 de mayo de 2024.

Al calendario judicial se suma el político, al que los abogados de Trump no hacen referencia. En él, las elecciones primarias del Partido Republicano empiezan el 15 de enero y se extenderán por todo el primer semestre hasta la convención del partido de julio que elegirá al candidato. Las elecciones presidenciales son el 5 de noviembre y la toma de posesión del ganador el 20 de enero de 2025. Si, a pesar de todo, Trump resultase elegido, podría desactivar el caso o autoindultarse.