La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ha decidido este jueves por cuatro votos a favor y uno en contra condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, convirtiéndose así en la primera vez en la historia del país en que un exjefe de Estado es castigado por este delito.
El panel del alto tribunal ha considerado que Bolsonaro –que se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica– debe ser condenado por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio.
El Supremo ha condenado a su vez a siete acusados que también forman parte del llamado núcleo central de la trama para perpetuarse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Entre ellos están el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el extitular de Justicia Anderson Torres.
Después de tres días de votaciones, los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin han votado a favor de la condena. En la víspera, y a diferencia de los demás magistrados, Luiz Fuz votó para absolver a varios de los acusados, incluido Bolsonaro.
Tras su voto disonante, De Moraes ha manifestado durante la jornada que los actos golpistas del 8 de enero de 2023 no representaron «un domingo en el parque, ni una visita a Disney». «No fueron alborotadores descoordinados que, al son de la flauta, coincidieron y destruyeron la sede de los Tres Poderes», ha sostenido.
Zanin, que preside el panel, ha sido el último en presentar su voto. Durante su intervención ha defendido que «las pruebas del caso permiten concluir que los imputados pretendieron quebrantar el Estado de derecho, incitando deliberadamente y expresamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas».
Con el final de la votación que ha resultado en la condena de Bolsonaro y sus aliados, los jueces entran en la fase de sentencia, en la que tendrán que determinar la duración de las mismas ateniéndose al grado de participación de cada acusado en los hechos delictivos.
