La vicepresidenta Delcy Rodríguez defendió este lunes la entrega del empresario Alex Saab a autoridades estadounidenses, argumentando que se trató de una medida administrativa de deportación justificada en los intereses nacionales de Venezuela. Durante un acto público en la Comuna Gigante Cacique Tiuna, Rodríguez enfatizó que el procedimiento respondió a una decisión estrictamente orientada a salvaguardar la estabilidad del país, desmarcando al Ejecutivo de la situación jurídica del ciudadano. La funcionaria afirmó que Saab es un ciudadano de origen colombiano y que el asunto compete únicamente entre Estados Unidos y el deportado, por lo que Venezuela ejecutó una acción administrativa legítima.
La postura de Rodríguez representa un giro discursivo significativo del oficialismo tras la ejecución de la entrega realizada el pasado sábado 16 de mayo. Sus declaraciones coinciden con lo expresado por el dirigente Diosdado Cabello, quien cuestionó la presunta nacionalidad venezolana de Saab al calificar sus documentos de identidad como fraudulentos y carentes de expedientes válidos en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Esta línea argumentativa abandona la defensa anterior que mantenía el gobierno respecto a la nacionalidad del exministro de Industria y Producción Nacional.
Al catalogar el caso como un conflicto ajeno que compete únicamente a Washington y a la justicia estadounidense, la administración central busca neutralizar los costos políticos del operativo. Rodríguez enfatizó que el gobierno prioriza exclusivamente los intereses, derechos y protección de Venezuela, argumentando que esta medida garantiza la tranquilidad y paz de la nación. La funcionaria insistió en que no existe otra consideración más importante que los intereses nacionales venezolanos en la decisión adoptada.
La entrega se consolidó cuando un avión del FBI recibió a Saab en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para conducirlo al aeródromo ejecutivo de Opa-Locka en Florida, donde quedó bajo custodia de la Administración para el Control de Drogas. Esta justificación de deportación por conveniencia nacional surge en un momento crucial para la política exterior venezolana, marcado por el restablecimiento de relaciones técnicas con el Banco Mundial e iniciativas de reestructuración de deuda externa de Pdvsa, facilitadas por licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
