La organización de derechos humanos Provea cuestionó la propuesta del Parlamento venezolano de aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), argumentando que la institución no necesita más jueces sino garantizar su independencia respecto al régimen. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, enfatizó que los magistrados deben actuar sin influencias políticas y ser designados mediante concursos públicos que garanticen estabilidad en el sistema judicial. La organización considera que cualquier reforma debe fundamentarse en la Constitución y no en decisiones discrecionales del ejecutivo.
Alvarado criticó duramente las prácticas judiciales actuales que vulneran derechos constitucionales fundamentales. Señaló que los jueces deben fallar exclusivamente con base en el derecho y las pruebas presentadas, sin consultar a superiores jerárquicos ni recibir presiones de terceros. El coordinador subrayó que el derecho a la defensa y el debido proceso están consagrados constitucionalmente, pero son constantemente ignorados en las decisiones judiciales que benefician al régimen.
El Parlamento aprobó en primera discusión la reforma que eleva el número de magistrados del TSJ de 20 a 32, modificando la composición de cinco salas que pasarían de cinco a siete integrantes. La Sala Constitucional aumentaría de cinco a siete magistrados, mientras que la reforma aún debe superar una segunda votación para entrar en vigor. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, argumentó que la iniciativa responde a un "interés profundo" de transformar el sistema de justicia venezolano.
La propuesta parlamentaria surge mientras se desarrolla un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes por renuncias y jubilaciones. En paralelo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, buscando atender problemas estructurales como el retardo procesal y la corrupción. Sin embargo, diputados opositores, como Tomás Guanipa, protestaron por la falta de tiempo para revisar el proyecto y demandaron una discusión más amplia y consensuada sobre cualquier reforma al sistema judicial.
Fuente: Infobae — Ver nota original
