La ONG Provea reveló que las personas detenidas tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela estarían  siendo sometidas a presiones y amenazas para que admitan delitos que el Ministerio Público les ha imputado sin pruebas y sin las garantías de un debido proceso. Esta información fue compartida a través de la red social X, donde la organización recibió denuncias de familiares de los detenidos.

Según las denuncias, agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser llevados a juicios sin beneficios procesales. Provea también ha señalado que los detenidos están siendo sometidos a torturas y tratos crueles, que incluyen golpizas, negación de alimentos y medicinas, así como restricciones para recibir visitas.

La ONG destacó que a los detenidos se les estaría obligando a firmar documentos en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una violación de sus derechos judiciales. Aunque Provea no ha especificado si cuenta con pruebas adicionales a los testimonios de los familiares, la gravedad de las acusaciones resalta la situación crítica en las cárceles venezolanas.

Provea recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la tortura y los tratos crueles no se limitan a la violencia física, sino que también abarcan condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, como el hacinamiento y las malas condiciones de reclusión.

Las denuncias provienen de detenidos en cárceles como Tocuyito, Tocorón, El Rodeo y Las Crisálidas. La organización también subrayó que los detenidos están siendo acusados de terrorismo, un delito que en la legislación venezolana conlleva penas de entre 25 a 30 años de prisión.

El elevado número de personas acusadas de terrorismo por la administración de Nicolás Maduro y el sistema de justicia venezolano ha sido calificado por varias relatorías de Naciones Unidas como un «abuso crónico» de la legislación antiterrorista. Provea hace un llamado urgente para que se detenga el maltrato a los detenidos y se respeten sus derechos fundamentales.

 

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