En un movimiento táctico para asegurar el control de los activos venezolanos, el presidente Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva que establece un estado de «emergencia nacional» sobre los ingresos petroleros retenidos en el Departamento del Tesoro. Esta medida tiene como objetivo principal levantar un escudo legal que impida cualquier intento de embargo, confiscación o proceso judicial por parte de terceros. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca emitido este sábado 10 de enero, la prioridad de Washington es proteger estos recursos financieros para garantizar que sean utilizados exclusivamente en función de los intereses de su política exterior y la estabilidad regional.
Desde la perspectiva de la administración estadounidense, permitir que estos fondos sean objeto de litigios externos representaría un riesgo directo para sus planes de estabilización en Venezuela. El documento advierte que la seguridad de este capital es crucial para financiar esfuerzos estratégicos, tales como la contención de los flujos migratorios irregulares y el combate frontal contra el narcotráfico. Al blindar estos ingresos, Estados Unidos busca mantener una posición de fuerza que le permita maniobrar económicamente en el complejo tablero político que atraviesa el continente, asegurando que los recursos no se desvíen de sus objetivos de seguridad nacional.
La orden es tajante al prohibir cualquier transferencia o transacción de estos activos sin una autorización expresa del gobierno estadounidense, invalidando decretos o sentencias previas que pudieran comprometerlos. Con este bloqueo total de ejecuciones judiciales y gravámenes, el Tesoro de EE. UU. se convierte en el custodio absoluto de la riqueza petrolera venezolana en el exterior. Este blindaje financiero marca una nueva etapa en la relación bilateral, donde el control del flujo de caja se posiciona como la herramienta más potente para definir el futuro político y económico de la región.
