El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso en duda la identidad del supuesto autor de la carta con una petición formal del «Tren de Aragua» para sumarse a sus políticas de paz, aunque señaló que «se explorará» la «seriedad» de la oferta, en línea con su apuesta por el «desmantelamiento pacífico» de estos grupos.
«No conozco si quien me escribe una carta desde la cárcel sea en realidad un vocero seguro del Tren de Aragua», escribió en X, días después de que la Consejería Comisionada de Paz respondiera al autor de la carta, supuestamente Larry Amaury Álvarez, alias ‘Larry Changa’, que se remitiría a Petro su propuesta.
«Se explorará cuál es la seriedad de esa carta», añadió el presidente colombiano, precisando que en su país quienes «mayores daños criminales» han cometido operan bajo «otras siglas» y con «otra historia detrás».
Así, sugirió que el «Tren de Aragua» no es más que un grupo delictivo, en contraposición con la postura de Estados Unidos, que recientemente sumó a esta organización criminal con origen en Venezuela en su lista de grupos terroristas.
En ese sentido, Petro explicó que si «una organización criminal quiere desmantelarse en serio y dejar su actividad criminal», debería poder hacerlo en Colombia, tal y como sucede en Estados Unidos, cuya sistema judicial alabó por su eficacia a la hora de preferir la «verdad» y la «restauración».
«La Justicia de Estados Unidos tiene un mecanismo muy eficaz de negociación dentro de los procesos judiciales que la hace muy rápida y le quita impunidad, prefieren verdad, restauración, que cárcel», dijo Petro.
Asimismo, reiteró su apuesta por «abrir caminos de desmantelamiento pacífico» sin que esto sea óbice para seguir «sin cesar la lucha represiva y judicial» contra este tipo de «bandas».
La propuesta enviada por el supuesto portavoz del «Tren de Aragua» fue recibida en un primer momento por la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, responsable de evaluar este tipo de solicitudes, que valoró en una respuesta estándar el interés por sumarse a las políticas de paz del Gobierno e informó que remitiría la solicitud al presidente Petro.
Una respuesta mucho más amable que la que recibió hace varias semanas del entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, cuando se supo de la petición por una filtración que publicó la revista ‘Semana’.
El Gobierno tomó medidas «muy serias» para evitar que los miembros de estas organizaciones «se burlen de los procesos de extradición», dijo Montealegre.
Europa Press
