La capital peruana se prepara para nuevos disturbios cuando miles de manifestantes de todo el país se concentren en Lima para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, tras casi seis semanas de disturbios que se han cobrado cerca de 50 vidas.
Otras dos personas murieron a última hora del miércoles y otra resultó gravemente herida en Macusani, ciudad de la región sureña de Puno. Tras las muertes, los manifestantes incendiaron una comisaría de policía, obligando a los agentes a huir en helicóptero. En Lima, la policía disparó gases lacrimógenos tras los enfrentamientos con los manifestantes.
La indignación por el creciente número de muertos ha impulsado las crecientes protestas, que comenzaron a principios de diciembre en apoyo del derrocado ex presidente Pedro Castillo, pero que han pasado a exigir mayoritariamente la dimisión de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Boluarte fue vicepresidente de Castillo, quien le sustituyó después de que éste intentara cerrar el Congreso y gobernar por decreto el 7 de diciembre.
En medio de los convoyes de camiones y coches que se dirigían a la capital costera viajaba un grupo de voluntarios médicos que lloraban la muerte de Marco Antonio Samillán, un estudiante de medicina de 30 años al que dispararon mortalmente la semana pasada mientras ayudaba a un manifestante herido, en el episodio de violencia más mortífero desde que comenzaron las protestas.
Sus compañeros han rebautizado su brigada en honor de Samillán, que acababa de terminar su sexto año de estudios de medicina y aspiraba a ser neurocirujano. Murió de una hemorragia interna causada por una herida de bala en los violentos enfrentamientos del pasado lunes, en los que murieron 19 civiles y un policía en la ciudad sureña de Juliaca.
«Siempre tuvo vocación de servicio, de ayudar a los más pobres», afirma Raúl, el hermano mayor de Samillán, de 40 años.
«Intenté convencerle de que no fuera a las protestas, pero cogió su maletín de primeros auxilios y fue de todos modos. Fue la última vez que hablé con él.
«Juliaca entera está de luto. Esto ha causado un profundo dolor en nuestro pueblo», añadió.
Marco Samillán, el sexto de nueve hermanos que crecieron en la pobreza, siempre había soñado con ser médico y tratar a pacientes en su Puno natal, la región pobre y dura del altiplano que conecta la frontera sur de Perú con Bolivia.
Organizaciones de derechos humanos y la ONU han acusado a las fuerzas de seguridad peruanas de hacer un uso desproporcionado de la fuerza en las protestas, incluso disparando munición real y lanzando gases lacrimógenos desde helicópteros.
Edgar Stuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, detalló la semana pasada que una misión de investigación había «recibido informes de disparos indiscriminados contra manifestantes en determinadas regiones… así como otros informes de disparos dirigidos a puntos vitales [del cuerpo] con armas letales y de alto calibre en violación del principio del uso gradual de la fuerza».
En declaraciones a los periodistas el viernes, Ralón dijo que la prolongada crisis política en Perú -que ha visto siete presidentes en seis años- había contribuido a la violencia política más mortífera en dos décadas. La discriminación y la desigualdad también han influido, mientras que la calificación de terroristas a los manifestantes ha agravado la polarización y el conflicto, añadió.
Las muertes también han agravado antiguos agravios en Puno y en gran parte de la región andina meridional, mayoritariamente pobre, que alberga muchas de las minas que impulsan la economía del país y atracciones como Machu Picchu y el lago Titicaca, que representan la inmensa mayoría de sus ingresos por turismo.
«Las riquezas de esas materias primas nunca llegan a nuestros pueblos; se reparten entre la élite de Lima», afirma Samillán.
«Somos parte de este país. Queremos calidad de vida, con buena sanidad y también educación. Pero cuando alzamos nuestra voz de protesta pidiendo que respeten nuestros derechos nos responden con golpes y balas».
El 58% de los peruanos considera que hubo excesos por parte de las fuerzas del orden ante las protestas, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos realizada este mes. La misma encuesta indicaba que el 83% de los encuestados estaba a favor de adelantar las elecciones y sólo tres de cada 10 peruanos aprobaban el gobierno de Boluarte.
Boluarte ha pedido disculpas por las muertes, pero también ha insistido en que no dimitirá, culpando en repetidas ocasiones a elementos radicales de incitar a las protestas y coaccionar a la gente para que participe en ellas.
Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos, afirmó que, si bien los extremistas -incluidos algunos vinculados al movimiento rebelde Sendero Luminoso, que aterrorizó al país en los años ochenta y noventa- pueden haber desempeñado un papel menor en las protestas, el discurso de Boluarte está siendo percibido como condescendiente.
«Está tratando a la gente como si no controlaran sus opiniones políticas, como si estuvieran siendo manipulados y no entendieran por qué están marchando», afirmó.
«La gente no se siente representada por el sistema político y quiere ser incluida».
ENLACE ORIGINAL: Peru: growing outrage over protest deaths as president urged to resign | Peru | The Guardian
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