La presidenta del Perú, Dina Boluarte, promulgó el 14Abr la ley que faculta la fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, con el objetivo de impedir que algunas de ellas sigan promoviendo el odio y la desunión entre los peruanos.
La mandataria aseguró que esta ley «velará por el supremo interés de la democracia y la unidad nacional», y explicó que ahora, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) supervisará y promoverá la transparencia sobre la ejecución de recursos que el país recibe a través de la cooperación técnica internacional.
“A partir de ahora, las entidades que reciban recursos de la cooperación internacional deberán inscribir sus planes, proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos, en un registro público e informativo gestionado por la APCI. No se trata de control, sino de claridad; no es fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, dijo.
Acotó que «el control y la fiscalización son prerrogativas fundamentales de un Estado constitucional, soberano y democrático”, y que en una democracia moderna, nadie debe temer a la transparencia.
La nueva ley, aprobada por el pleno del Congreso de Perú, el pasado 12 de marzo, no ha pasado inadvertida para varias ONG que la acusaron de perjudicar «el apoyo a las poblaciones más pobres y limitaría el trabajo de organizaciones que denuncian abusos y defienden a comunidades vulnerables».
Por otro lado, aseguran que la ley busca desmontar cualquier tipo de denuncia contra al Administración de Boluarte, considerando que varias han acusado abusos de poder por parte del Gobierno.
Fotoportada: Gobierno del Perú
