La ley, respaldada en la sesión ordinaria, establece como “función principal” de la Cruz Roja actuar como auxiliar del Poder Público en materia humanitaria ante desastres, emergencias sanitarias, conflictos armados y otras eventualidades
Parlamento de Venezuela aprobó este miércoles una nueva normativa para regular a la Cruz Roja Venezolana (CRV). Foto: EFE/ Asamblea Nacional
El Parlamento de Venezuela aprobó este miércoles una nueva normativa para regular a la Cruz Roja Venezolana (CRV), un paso legislativo que ha generado debate por la forma en que define el papel de esta organización humanitaria dentro del país.
La ley, que fue respaldada en la sesión ordinaria establece como “función principal” de la Cruz Roja “actuar como auxiliar del Poder Público en materia humanitaria” en situaciones de desastres, emergencias de salud, conflictos armados y otras eventualidades.
Uno de los puntos más discutidos en el hemiciclo fue la inclusión de un artículo que señala que, en caso de “conmoción o conflicto interno”, la institución “tiene el deber de ayudar a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, aunque se aclara que esa colaboración será “estrictamente humanitaria y neutral”.
A pesar de ese matiz, la propuesta fue recibida con críticas de parte de un diputado opositor, José Correa Torres, quien cuestionó que el uso de la expresión “auxiliar del Poder Público” pueda implicar una “interpretación de subordinación jerárquica”, lo que, según él, podría desdibujar la independencia de la institución.
Parlamento asegura autonomía de la Cruz Roja
En defensa de la iniciativa, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, replicó que la propia ley contempla la autonomía de la Cruz Roja, y subrayó que los voluntarios y el personal de la organización “no tienen la condición de agentes gubernamentales, manteniendo su independencia, neutralidad e imparcialidad”.
Rodríguez también rechazó la visión de subordinación y defendió que el marco legal proporciona claridad jurídica sobre el papel de la organización en el país.
Otra crítica de Correa Torres estuvo relacionada con el término “deber” aplicado a la asistencia médica de la FANB, pues, en su opinión, “hay un problema con el uso de la palabra deber porque el derecho internacional humanitario exige neutralidad frente a todas las partes”.
El proyecto legislativo no solo regula la función de la Cruz Roja Venezolana, sino que también reconoce explícitamente que sus integrantes y voluntarios no forman parte del aparato estatal.
Este avance ocurre en un contexto en el que la institución fue intervenida judicialmente en agosto de 2023 por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pocos días después de que la Fiscalía iniciara una investigación contra el entonces presidente de la organización, Mario Villarroel, por presunto maltrato y acoso a miembros de la entidad.
Villarroel rechazó las imputaciones, calificándolas de “deshonestas”, y consideró “ilegal” la intervención, que incluyó la designación de una nueva directiva por parte del órgano judicial.
