Con 86 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el miércoles 27Ago, poner fin al acuerdo de estatus migratorio que mantenía con Venezuela, aunque aclaró que la decisión “no elimina el derecho a emigrar”.
Los asambleístas respaldaron la medida sustentándose en un “análisis e informe realizado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana”, explicó el Parlamento en un comunicado publicado en su página web.
«El documento detalla que, de acuerdo con el derecho internacional, la denuncia de un tratado es un acto soberano mediante el cual un Estado decide poner fin a su participación en un instrumento internacional», señaló la institución.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, Lucía Jaramillo, aseguró que la medida no busca “cerrar las puertas a los venezolanos, sino garantizar el debido proceso de su regularización”.
“Nadie pierde derechos, pero el Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos”, afirmó Jaramillo, quien aclaró que la decisión “no supone una afectación al derecho a la movilidad, pues este se encuentra consagrado en la Constitución”.
Durante el debate, los legisladores argumentaron que el acuerdo para la migración venezolana se caracterizaba por un procedimiento “simplificado” para la obtención de visas y residencias. También señalaron la “necesidad” de establecer procedimientos para “garantizar la soberanía del Estado ecuatoriano frente a la migración irregular y potencialmente peligrosa”.
Subrayaron, además, que la medida “de ninguna forma implica segregación o xenofobia” contra los venezolanos que crucen o pretendan cruzar la frontera.
A principios de agosto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, firmó un decreto para que Cancillería iniciara el trámite de denuncia del tratado, lo que debía ser autorizado por el Parlamento. Poco después, la Comisión de Relaciones Internacionales —dominada por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN)— aprobó el informe que abrió paso a la disolución del acuerdo este 27Ago.
Uno de los factores clave en la decisión fue el recorte del financiamiento internacional destinado a promover procesos de acogida y regularización de migrantes.
Durante la sesión del Pleno, Jaramillo insistió en que los derechos de los venezolanos residentes en Ecuador están garantizados, por lo que continuarán teniendo acceso a servicios de salud y educación. Sin embargo, con el fin del tratado, ya no se aplicarán procesos especiales de regularización como los implementados durante los gobiernos de Guillermo Lasso y el propio Noboa.
«Los venezolanos igual que cualquier extranjero deberán cumplir los requisitos que Ecuador requiera», puntualizó Jaramillo.
