Representantes de diversas organizaciones, reunidos bajo el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del estado Lara, expresaron su rechazo al planteamiento de la constituyente sindical del mandatario nacional Nicolás Maduro.
En su pronunciamiento, se respaldaron en lo establecido por el artículo 95 de la Constitución de la República. La postura fue dada a conocer el martes 19 de agosto, durante una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de Apucla, ubicada en el centro de Barquisimeto, estado Lara.
Robert Sánchez, secretario de organización del Sindicato de Empleados del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel), y Orlando Chirinos, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Planta de Cemento del estado Lara, coinciden en que una constituyente sindical no representa una solución al problema salarial que aqueja a los trabajadores venezolanos.
Sánchez señala que, incluso, el Gobierno nacional no necesita una constituyente para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Por su parte, Chirinos destaca que la Constitución, específicamente en su artículo 95, garantiza a los trabajadores el derecho de organizarse conforme a las necesidades que enfrenten.
Es importante subrayar que las organizaciones sindicales no requieren intermediación administrativa. Asimismo, enfatiza que el movimiento sindical nace desde sus propias dinámicas y luchas históricas, no por imposiciones externas ni por condiciones que pretendan alterar su esencia.

Considera que es necesario fortalecer lo que estipula el citado artículo constitucionales para garantizar la autonomía del movimiento obrero, así como el artículo 91 que establece un sueldo suficiente que cubra las necesidades del trabajador, detalló.
No cumple formalidades legales
Además, -acota Chirinos- la forma en que se está convocando la constituyente no cumple con ciertas formalidades legales, lo que resulta evidentemente incompatible con los principios establecidos en el marco constitucional y el contrato social.
“Consideramos que no existen fundamentos suficientes para dichas acciones y por ello seguiremos defendiendo la libertad sindical y la creación de sindicatos consagrados en el 95, de la Constitución, así como el artículo 91 que garantiza derechos laborales fundamentales, recalcó el también abogado.
Desde el Pacto Unitario se continuará levantando la voz de protesta de forma pacífica, consciente y respetuosa. Así es el reclamo que se ha hecho siempre, para cuidar los derechos fundamentales de los trabajadores, que se respete el salario se respete, así como la relación de trabajo, acota Chirinos.
Desacato constante
Sánchez reafirma que el Gobierno nacional no requiere una constituyente, ya que cuenta con un mandato constitucional. Sin embargo, denuncia una situación de desacato constante y prolongado durante los últimos tres años en la que no se ha revisado ni ajustado el salario mínimo.
Mientras tanto, la maxidevaluación y la inflación pulverizan el salario. Un indicativo de la situación es que el costo de la canasta alimentaria familiar ronda los 550 dólares. Es decir, se necesita un promedio de 555 sueldo mínimos para adquirirla.
El método de indexación, en esencia, no logra impedir la pérdida del poder adquisitivo. Si bien se observa un aumento nominal en bolívares con la asignación del Bono de Guerra Económica a los trabajadores, el acceso real a la canasta alimentaria continúa disminuyendo. Esto ocurre mientras el salario mínimo que perciben los trabajadores equivale apenas a 0,95 centavos de dólar. Aunque se otorgan bonos de guerra y alimentación, los montos de estos beneficios están lejos de cubrir el costo total de la canasta alimentaria.
Dijo que Sepeel consignó ante el Ministerio de Trabajo algunas propuestas como es la modificación y ampliación de la Ley de Alimentación para incluir in bono de transporte, mencionó Sánchez. ac