Trabajadores de la administración pública en Venezuela claman por la derogación del Instructivo de la Oficina Nacional de la Presupuesto (Onapre) al considerar que su aplicación merma en sus ingresos económicos en 70%, según el Sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz).
En palabras de Omar Agüero, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (Sepeel), expresó que el instrumento Onapre transgrede los artículos 89 y 18 de la Carta Magna y la Ley del Trabajo, respectivamente, que establecen la progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales establecidos.
Recordó que al instrumento Onapre le antecede el Memorando 2792 emitido en el año 2018 a propósito del paquete denominado “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”, cuando de facto se suspende las contrataciones colectivas.
Es más, todas las contrataciones colectivas firmadas previo a ese memorando y cuyos beneficios fueran superiores a los establecidos en ese momento serían sometidos a revisión. Eso significó un retroceso en cuanto a las conquista de la luchas sindicales y se termina de consumar con el instructivo Onapre, señala Agüero.
A su juicio, nada ha sido aislado sino que es una política nacional desde el Ministerio de Finanzas y la vicepresidencia de la República, aplanar las tablas salariales. Los conceptos de cálculos de las escalas salariales fueron modificadas para desmejorar, y lo último que han hecho a través de la Onapre es eliminar derechos.
En el caso del sector salud, eliminaron la prima de Estabilidad económica que venía cobrando de manera regular. Asimismo, las de Profesionalización y la de Antigüedad, ésta última para quienes tienen más de 23 años de servicio que cobraban el 60% del sueldo y lo bajaron unilateralmente a 30%.
Es oportuno recordar que esos acuerdos fueron firmados entre el gobierno y sus propias federaciones, es decir Fenasirtraslud, bajo la figura de actas-convenios porque los contratos están suspendidos.
De tal manera, que “es falso que se hayan incrementado los salarios, no se achicaron las tablas salariales”. La diferencia entre lo que devenga un trabajador recién ingresado y quienes tienen trayectoria de más de 23 años de servicio es poca.
A sus juicio, toda actividad es importante, pero debe ser remunerado sobre la base de su formación y profesionalización porque hay años de estudio. “Este sistema de gobierno tiene un desprecio por el conocimiento y por las luces”.
Asegura Agüero que no solamente es que se ha perdido el salario digno, las prestaciones sociales, la seguridad social sino que “lo que habñíamos logrado mediante contrataciones colectivas nos los están quitando, y no conforme persiguen a sindicalistas y criminalizan la protesta”.
Llamado a Sindicatos
Para Omar agüero el colmo del cinismo es que no hay institucionalidad democrática y los poderes están secuestrados el Gobierno. En tal sentido, hizo un llamado a los sindicatos, centrales y federaciones a unirse y transitar la lucha organizada en una sola dirección.
Explica que los dirigentes sindicales han estado acudiendo a la Inspectoría del Trabajo porque es una vía administrativa, jurídica que se debe hacer para poder denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo que esta ocurriendo en las instituciones del Estado venezolano en contra de las clase trabajadora.
“Todavía persiste el espíritu democrático las organizaciones sindicales que fueron elegidas por las bases y persevera en lucha cívica y pacífica y seguimos denunciando porque es nuestra obligación moral y ética a no declinar la lucha por la clase trabajadora”.
Héctor Mendoza, dirigente sindical de Sepeel, considera que el gobierno a través del diálogo social debe invitar a todas las centrales y gremios a fin de buscar una resolución a ese conflicto laboral a fin de recuperar los beneficios de la contratación colectiva que fueron desmejorados.
Averu denunció ante el TSJ
Al reclamo se sumó la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) que solicitó la nulidad con medida cautelar de amparo contra el instructivo ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya que es afectado de manera negativa el sector universitario.
La información la dio a conocer la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, a través de las redes sociales.
Expresó que la decisión fue tomada en la reunión del 28 de mayo, en contra del “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, convenciones Colectivas, Tablas y Empresas Estratégicas”.
Jubilados y pensionados
Manuel Solano, presidente de la asociación de empleados y jubilados de la Universidad Simón Bolívar se sumo a la solicitud de que se sea derogado el instructivo Onapre y que se honre el contrato colectivos.
En la primera quincena de marzo, luego de un decreto del presidente Nicolás Maduro, los jubilados cobraron la quincena completa, pero en lo sucesivo el mismo se redujo a un tercio de lo estipulado por el decreto del jefe de Estado, publica contrapunto.com
