Organismos de seguridad: Funcionarios no pueden impedir que los graben
“Hey, tú, no puedes grabar. Mira que yo soy de inteligencia y no me pueden ver la cara”… “Borra lo que grabaste o te meto preso y te decomiso los equipos”… “Te dije que no puedes grabar, dame acá”. ¿Se te hace familiar la conversación?, este dialogo es frecuente en aquellos casos cuando algún funcionario se opone a una grabación en cualquier espacio público, pero las autoridades señalan que esta acción es un “abuso de autoridad”.
Recientemente algunos casos se han viralizado y los procesos legales han iniciado a consecuencia de grabaciones realizadas por algunos de los presentes, pero ante las reacciones de algunos ciudadanos para evitar ser filmados, alegando que se trata de un delito, El Informador Venezuela constató que es el funcionario que al impedir dicha acción comete un delito.
Es necesario recordar que durante los últimos meses gran cantidad de usuarios han denunciado a través de las redes sociales ser víctimas de alguna irregularidad por parte de funcionario o incluso trabajadores de organismos públicos, y justamente ha sido el material audiovisual el usado para alertar a los organismos del mal ejercicio de sus servidores.
Y es que solo basta con tomarse un tiempo para revisar el perfil de Twitter del fiscal general, Tarek William Saab para darse cuenta que cada vez son más las acusaciones acompañadas de filmaciones, pero también ha sido recurrente observar que algunos de los involucrados ordenan “no grabar”, alegando múltiples razones, supuestamente justificadas por la ley.
Algunos de los ciudadanos entrevistados por esta casa editorial, declararon bajo el anonimato que aun cuando han sido testigos de irregularidades, abusos de autoridad o corrupción, se han cohibido de grabar porque algunos representantes de la autoridad lo han impedido, llegando incluso a despojarlos de sus teléfonos celulares.
Ante esto, directivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) aclararon que todo ciudadano está en el derecho de usar sus artefactos móviles para grabar y dejar pruebas de alguna irregularidad, por lo que consideran que no se trata de un delito grabar a ciudadanos o funcionarios que estén en la vía pública.
Asimismo señalaron que ante una posible “mala actuación” de representantes de un organismo, el ciudadano puede informar que grabará la situación, y si ante el anuncio el involucrado impide la acción, bien sea de manera verbal o física (quitando el aparato), sería este quien incurra en abusos de autoridad, que pueden ser denunciados.
El director del Cicpc en Lara, Pablo castro señaló a El Informador Venezuela que la tecnología es una herramienta y siempre que esta se use para captar pruebas de un delito, puede hacerse sin pruebas, reiterando que “no es un delito grabar”.
Mientras que el director de la PNB, José Abad reiteró que aquellas personas a las que coercionen para impedir que el curso de una grabación, pueden dar parte a las autoridades a la cual pertenece el involucrado, haciendo uso de las oficinas de atención a las víctimas.
Ambos señalaron que aun cuando un ciudadano utilice esta herramienta para formular una denuncia, este material es evaluado para dar fe que se trata de un hecho real, y posteriormente se da aviso a los demás organismos con competencia para que se tomen las acciones necesarias.
Tras consultar al abogado penalista venezolano, Omar Flores señaló que ante “la grabación de un hecho punible es legal, porque pasa a ser una prueba irrefutable de un hecho. Una vez que el Ministerio Público verifique la prueba con sus auxiliares de investigación le dará el valor a esa prueba, para así individualizar al autor de ese hecho y a la víctima”.
“La constitución reza el derecho a la privacidad del medio telefónico y legalidad de información” expresó y aclaró que ante la posibilidad que la situación ocurra en un lugar privado, expresó que igualmente el material puede ser aportado como prueba y “el tribunal que conozca de esa acción privada la valorará y verificará la legalidad de la misma con expertos”.
Naikarys Cordero
