En la guerra de 12 días en la que se enfrascaron Teherán y Tel Aviv, una quincena de científicos nucleares y decenas de altos cargos militares iraníes fallecieron en ataques israelíes, revelando una brecha de seguridad sin precedentes del régimen persa. Conmocionados por el alcance de los ataques, las autoridades iraníes lanzaron una campaña de arrestos masivos e incrementaron la presencia militar en varios puntos del país, para cortar de raíz la infiltración de los servicios de Inteligencia israelíes. Sin embargo, los controles y detenciones están afectando a minorías y grupos opositores, que describen la actual campaña como un intento del régimen de reafirmar su control sobre el país.
Desde el inicio del conflicto el pasado 13 de junio, más de 700 personas han sido detenidas, en su mayoría acusadas de espionaje para Israel, mientras que otras seis han sido ejecutadas por supuestamente trabajar para los servicios de Tel Aviv, el Mosad. La organización iraní de derechos humanos (HRNA) ha monitoreado los casos y asegura que gran parte de los detenidos y ejecutados son de regiones kurdas, donde son habituales las operaciones policiales contra disidentes. «Ahora se está llevando a cabo una supuesta ofensiva contra los agentes israelíes, pero en realidad se están llevando a cabo operaciones contra todos los posibles círculos de la oposición. Se está dirigiendo, en particular, contra los kurdos, en las zonas kurdas de Irán, donde se produjeron las últimas protestas antigobierno tras la muerte de Mahsa Amini«, declara a EL MUNDO Gilbert Achcar, académico del Centro de Estudios Palestinos en la universidad londinense de SOAS, que investiga a Irán y sus aliados en la región. Las tres principales facciones separatistas kurdas iraníes afirmaron que las fuerzas de seguridad han desplegado puntos de control en toda la región occidental del país y varios de sus miembros han sido detenidos en los últimos días.
«Si aumenta la represión ahí, significa que este régimen no se siente seguro en absoluto y están preocupados por su propio futuro y estabilidad», añade Achcar.
Las autoridades iraníes aseguran que están librando «una batalla implacable» contra supuestas redes de Inteligencia extranjeras como la CIA, el Mosad o el británico MI6. La televisión estatal emitió estos días confesiones de varios detenidos, que admitieron haber colaborado con la Inteligencia israelí. Sin embargo, grupos de derechos como HRNA denuncian que es habitual que las autoridades obliguen a los detenidos -y en ocasiones a sus familiares- a dar testimonios falsos. «Las autoridades iraníes están encarcelando a personas en régimen de incomunicación sin causa justificada ni acceso a un abogado, enviándoles a la horca por cargos de ‘seguridad nacional’, en un intento de aterrorizar a la población y restablecer el control», declaró en un comunicado Hadi Ghaemi, director ejecutivo de la organización de derechos CHRI.
La presión contra círculos opositores se extiende también a los medios de comunicación. Varios periodistas que trabajan para emisoras en persa en el extranjero, como la BBC o Manoto TV, han denunciado haber recibido mensajes amenazadores de las autoridades, presionándolos para que renuncien a su trabajo a cambio de evitar que sus familiares sean perseguidos.
En medio de este clima político, el portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir, aseguró que las disposiciones del código penal sobre el espionaje son «insuficientes» y planteó un proyecto de ley para ampliar las sanciones. Esta nueva enmienda contempla que «cualquier actividad de Inteligencia o espionaje» para «estados hostiles» se considerará «propagación de corrupción en la tierra», un delito que podría comportar la pena de muerte. El proyecto de ley también considera delito que ciudadanos o periodistas compartan contenido en redes o medios de comunicación que pueda ser considerado contrario a los intereses nacionales, una amplia definición que podría afectar a cualquier tipo de información interpretada como crítica con el Gobierno.
