Investigaban escándalo de vacunas en Brasil y hallaron una pista inesperada sobre el crimen que sacudió al país y salpica al expresidente
En la misma operación en la que allanaron la casa de Jair Bolsonaro, el celular de un colaborador más cercano tenía mensajes inquietantes sobre el crimen que sacudió al país y salpica al ex presidente.
Si fueran una obra de Beltold Brecht los últimos acontecimientos protagonizados por el ex presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, bastarían por sí solos para animar páginas sobre el analfabetismo político, un tema tan querido por el dramaturgo alemán. Pero la vida no es una obra de Brecht y la realidad supera a menudo la ficción. Empecemos por los hechos.
La operación Venire de la Policía Federal condujo la semana pasada al allanamiento del domicilio del ex presidente en el barrio Jardín Botánico de Brasilia, a la incautación de su teléfono celular y a la detención de sus más fieles colaboradores. La investigación quiere entender si los certificados de vacunación Covid-19 del ex presidente y de su hija Laura, de 12 años, fueron falsificados. De ser cierto, Bolsonaro, que ya fue un duro crítico de las vacunas durante la pandemia, no solo habría cometido un delito, sino que se estaría cubriendo de ridículo. Llegar al extremo de falsificar un simple certificado justo él, que como primer ciudadano de su país debería haber dado ejemplo, lo convertiría en un ejemplo perfecto de mediocridad estratégica, un analfabeto político, citando a Brecht.
“Por mi parte no se ha falsificado nada. Yo no me vacuné.” Así es como Bolsonaro zanjó la cuestión ante la prensa que le pedía explicaciones. Pero uno se pregunta cómo consiguió entrar en Estados Unidos a finales de diciembre pasado, ya que entonces la vacuna era obligatoria. Si saliera a la luz que Bolsonaro mintió incluso a las autoridades sanitarias estadounidenses, estallaría un caso diplomático porque mentir es delito en Estados Unidos y mucho más tratándose de un ex presidente de la República. Mientras tanto, Mauro Cid, uno de sus más fieles colaboradores, acabó en la cárcel. Se le acusa de haber participado en el fraude de la vacunación registrada entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 en las afueras de Río de Janeiro y retirada justo antes de salir para EEUU, al final del año pasado. Otras cinco personas fueron detenidas, entre ellas dos miembros del personal de seguridad del ex presidente, Max Guilherme y Sergio Cordeiro.
La Policía Federal intervino a petición de Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga una llamada “milicia digital” desde 2021. Según la fiscalía se trata de una red que opera digitalmente con el objetivo de atacar a la democracia y al Estado de Derecho. Entre los investigados está el bloguero Allan dos Santos, que se trasladó a Florida y sobre el que pesa una petición de detención por las autoridades brasileñas.
Pero, detrás de la operación y si se leen atentamente los documentos, hay algo mucho más importante. Entre los presuntos implicados en la trama de falsificación de los certificados de vacunación Covid-19 hay una persona que también resulta sospechosa del asesinato de Marielle Franco. Se trata de una de las páginas más dramáticas y aún sin resolver de la historia más reciente de Brasil. Marielle Franco, concejala en Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), era una conocida activista de derechos humanos en el país. Fue asesinada junto con su chófer Anderson Gomes el 14 de marzo de 2018 en una emboscada. Hasta la fecha nadie sabe quién ordenó su asesinato.
La operación Venire tuvo el mérito de añadir una pieza importante que ahora podría conducir por fin a una solución del caso. La policía descubrió un intercambio de mensajes entre Mauro Cid y el ex mayor del Ejército Ailton Gonçalves Moraes Barros, que según la prensa brasileña figuraba entre los amigos más cercanos de Bolsonaro, ambos detenidos en la operación. En uno de los mensajes Barros, candidato a diputado del Partido Liberal (PL) por el estado de Río de Janeiro en las elecciones del año pasado, habría dicho que sabía quién mató a Marielle. En un audio Barros afirma que el ex concejal carioca, Marcelo Siciliano, cuyo domicilio fue allanado durante la operación Venire, actuó como intermediario para la introducción de datos falsos en el sistema del Ministerio de Salud a favor de Gabriela Santiago Cid, esposa de Mauro Cid.
A continuación, Barros revela los problemas de Siciliano para entrar a Estados Unidos, ya que su nombre había estado implicado en el caso de Marielle. El hombre sólo fue investigado. A cambio de ayuda en el fraude, Siciliano habría pedido una reunión con el cónsul de EEUU para resolver su problema. Pero el punto clave de toda la historia es el pasaje en el que Barros supuestamente dijo que Siciliano cargaba “sobre sus hombros una culpa que no era suya” y luego dijo la frase que alertó a los investigadores. “Conozco toda la historia de Marielle. Sé quién ordenó que la mataran”. ¿Por qué Barros no habló con los investigadores si sabía la verdad? ¿A quién se ha encubierto hasta ahora y por qué? ¿Estaba Bolsonaro al tanto de esta información tan importante para todo Brasil? Recordemos que otro nombre en este caso, Ronnie Lessa, acusado de ser quien disparó físicamente a Marielle era vecino de Bolsonaro, quien siempre se ha distanciado de toda esta historia. “Soy un ex capitán del ejército”, se defendió el ex presidente, “y muchos policías militares de Río de Janeiro son buenos amigos míos. Pero no conozco ninguna milicia, no hay ninguna conexión mía con la milicia de Río de Janeiro”.
Lessa, ex policía militar, fue condenado a cuatro años y medio por ocultar las armas utilizadas para matar a Marielle. Posteriormente fue condenado a 13 años y medio de prisión por comercio ilegal de armas. Según el Ministerio Público de Río, existe un vínculo entre Lessa y el ex concejal Cristiano Girão, ex jefe de la milicia que actuaba en el barrio Gardênia Azul, no solo en el caso de Marielle, sino también por otro asesinato a sueldo, el del ex policía André Henrique da Silva Souza y de su pareja, en 2014. Girão fue denunciado y detenido por este doble asesinato, pero el año pasado la prensa brasileña publicó cómo el hombre tenía incluso la llave de su celda. La historia de las falsas certificaciones de vacunación de Bolsonaro, en definitiva, lleva lejos en el peligroso territorio de las milicias cariocas.
Se trata de grupos paramilitares formados principalmente por ex policías y se asientan sobre todo en la zona oriental de Río y en la vecina Baixada Fluminense, aunque se ha registrado su presencia para proteger grandes latifundios y actividades mineras ilegales también en la Amazonia. En los últimos 16 años esas milicias han crecido un 400% y ahora ocupan el 10% de las favelas de Río de Janeiro. A cambio de una aparente protección del territorio dirigen diversas actividades delictivas, desde el monopolio de las bombonas de gas hasta el tráfico de drogas.
Otro sospechoso de participar en el homicidio de Marielle Franco, el miliciano Adriano Nobrega, también acusado de liderar un escuadrón de la muerte en la favela de Río das Pedras, en la zona oeste de Río de Janeiro, ha resultado ser parte de un esquema criminal que involucró uno de los hijos de Bolsonaro, Flávio, acusado de lavado de dinero y malversación. Se trata de una trama de fraude para desviar dinero público a cuentas privadas, en este caso sueldos de empleados inexistentes cuando Flavio era diputado en la Asamblea Legislativa de Río, esquema conocido localmente como “rachadinha”. La denuncia fue desestimada el ano pasado por el Tribunal de Justicia carioca mientras que Nobrega murió en un misterioso tiroteo con la Policía Militar de Bahía.
Ahora, el escándalo de las vacunas también reabrirá el caso de Flavio, como ya anunció el Ministerio Público. El otro hijo del ex presidente, Carlos, también vuelve a ser noticia por el mismo tipo de delito. Según el diario Folha de São Paulo, el Ministerio Público de Río de Janeiro ha identificado transferencias de dos millones de reales (unos 200.000 dólares) al jefe de gabinete de Carlos, que es concejal de Río, realizadas por funcionarios del mismo gabinete. En cuanto a Jair Bolsonaro, es poco probable que su futuro próximo sea halagüeño. De hecho tendrá que cuidar tres frentes, según el diario Estado de São Paulo. Además de la justicia brasileña, de hecho, podría responder ante la justicia estadounidense por la presentación de un documento de vacunación falso y ante la Corte Penal Internacional, donde podría responder por los crímenes surgidos del informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el Covid-19.
En Brasil, por otro lado, Bolsonaro es culpable en dos acciones penales en el STF que se relacionan con un episodio anterior a su presidencia en el que dijo a la diputada del Partido de los Trabajadores (PT) Maria do Rosário que no la violaría “porque ella no se lo merece”. En el STF Bolsonaro es objeto de otras seis investigaciones, mientras que en la Justicia Electoral el ex presidente protagoniza 21 investigaciones, 17 de ellas relacionadas con las elecciones de 2022. La Fiscalía Electoral, un brazo del Ministerio Público, ha pedido su inelegibilidad y ahora la decisión está en las manos del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Bolsonaro mientras tanto se negó a declarar ante la Policía Federal después del allanamiento de su departamento. Sus abogados han indicado que el ex presidente hablará después de analizar los documentos de la investigación. El sábado también se presentó en un acto en San Pablo de su partido, el PL, junto con su esposa Michele, como si nada hubiera pasado. También dijo estar “disponible como alternativa para el Brasil”. Según la Folha de São Paulo, incluso algunos miembros de su partido se mostraron molestos por su presencia, acusándole de abandonar a sus aliados más leales en el peor momento posible.
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