Es “insólito” que, tras 27 años en el poder, el Gobierno nacional ignore la realidad de los trabajadores cuando durante las últimas dos décadas, gremios y sindicatos han denunciado sistemáticamente el colapso del sector y consignado propuestas que nunca fueron escuchadas, expresó este miércoles 11 de febrero la doctora Deyanira Gentile, directiva del Colegio de Médicos del estado Lara, en nombre de la Intergremial de la salud que agrupa los colegios de Médico, enfermeras, odontólogos, bioanalista y los sindicatos Sunep-SAS, Sepeel y Sitraivss.
Esa desatención desencadenó una crisis humanitaria en un país que no está en guerra. Ahora, después de tanto silencio, el Gobierno pretende iniciar consulta a través del Sistema Patria para conocer sus condiciones laborales y sobre el respeto a sus derechos, -cuestionó- al subrayar que los derechos laborales ya están claramente establecidos en la Constitución y solo falta voluntad para cumplirlos, aseveró.
Ante el nuevo escenario político, donde EE. UU. ha asumido un rol clave en la administración de ingresos petroleros, la Intergremial de la Salud hizo un exhorto público a la encargada de negocios, Laura Dogu, y al senador Marco Rubio. “La crisis nos ha llevado a un punto crítico. No hay tiempo para esperar; cuando el venezolano no puede alimentarse ni tener bienestar, se pone en riesgo la vida de toda la población”, enfatizó Gentile.
Insistió en que la única vía para detener el deterioro social es equiparar los sueldos al costo de la canasta básica, garantizando así una calidad de vida mínima que permita al trabajador sobrevivir a la emergencia actual.
30 % de adultos mayores
Advirtió que la diáspora ha dejado un panorama desolador: cerca del 30 % de la población que permanece en el país supera los 60 años y padece enfermedades crónicas, mientras subsisten con una pensión irrisoria de apenas 0,33 centavos de dólar. Estos adultos mayores dependen de bonos estatales o de las remesas de familiares en el exterior para costear una alimentación precaria, quedando totalmente desprotegidos ante la imposibilidad de comprar medicamentos o recibir respuesta de un sistema de salud colapsado.
En sus palabras, la prioridad debe ser la población en riesgo: niños, embarazadas y ancianos. No se requiere un estudio científico para notar la situación, señaló al explicar que «las personas con menos ingresos han suprimido el consumo de proteínas». Esta carencia nutricional tiene un reflejo físico evidente en la calle: la “pérdida de masa muscular en los glúteos mayores y eso se evidencia al observar como a los venezolanos cuelgan los bolsillos de los bluyines, por la pérdida de peso”.
Para el Gobierno, los artículos 83 y 91 de la Constitución han sido, hasta ahora, letra muerta. En consecuencia, sobran razones para desconfiar de que las mismas autoridades que han ignorado el clamor ciudadano durante más de dos décadas, vayan a implementar mejoras reales en este momento.
Dirigiéndose a la delegación internacional, Fuenmayor fue enfática: “Señor Marco Rubio, señora Laura Dogu, existen múltiples propuestas sobre la mesa, pero estas deben materializarse en medidas concretas a la mayor brevedad posible”.
Colegio de Enfermeras: resarcir derechos
Por su parte, Elda Jiménez, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Lara, destacó que, aunque el aumento salarial es el tema más esperado por los trabajadores y reseñado en los medios, el gremio exige mucho más que un simple ajuste: demandan justicia.
«Necesitamos un sistema de justicia transparente y creíble, pues a los trabajadores se les han violentado sus derechos de forma sistemática», afirmó. Jiménez denunció el irrespeto a las cláusulas contractuales y la imposición de sueldos «míseros» que, al estar complementados con bonos que no inciden en las prestaciones sociales, liquidan el futuro del trabajador. El resultado es devastador: tras 25 o 30 años de servicio, los profesionales de la salud perciben apenas 200 dólares en prestaciones sociales al momento de su jubilación.
La dirigente gremial fue enfática al exigir que se resarzan los daños contra un grupo de enfermeras despedidas en 2018 de los hospitales del Seguro Social en Barquisimeto. Según denunció, a estas profesionales se les «fabricaron expedientes» como represalia por reclamar públicamente sus derechos.
Finalmente, Jiménez insistió en que es de estricta justicia indemnizar a quienes fueron objeto de jubilaciones forzosas y reactivar de inmediato la discusión de los contratos colectivos, paralizados durante años.
Odontólogos: también defendemos el derecho ciudadano
En la misma línea, la presidenta el Colegio de Odontólogos de Lara, Oneida Fuenmayor, ratifica las declaraciones de los demás integrantes de la Intergremial. Al tiempo, considera que la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos es donde, a su juicio, debe encajar la justicia laboral del sector público.
Al tiempo, subrayó la urgencia de atender la crisis sanitaria en Lara, haciendo un llamado directo a los representantes de los Estados Unidos que se encuentran en el país. “Les pedimos que no se queden solo en Caracas; visiten el interior y palpen la realidad de nuestras instituciones públicas”.
Aclaró que la lucha gremial trasciende lo salarial. “No solo defendemos los derechos de los profesionales; defendemos el derecho del ciudadano común a una asistencia médica y odontológica digna. Hoy, la población muere de mengua por la ausencia de una verdadera política de salud pública”, aseveró.
Exclusión de la consulta de Proyecto de Ley de Amnistía
La Intergremial de la Salud del estado Lara manifestó su profundo rechazo tras no ser convocada a la consulta del Proyecto de Ley de Amnistía, realizada este lunes 9 de febrero en Barquisimeto. Para la Dra. Deyanira Gentile, presidenta del Colegio de Médicos, se trató de una convocatoria parcial que no refleja el sentir ni la opinión de toda la población.
En sintonía, el doctor Omar Agüero, secretario ejecutivo de SEPEEL, cuestionó que sectores fundamentales como sindicatos, gremios y organizaciones defensoras de derechos humanos hayan sido excluidos de un debate tan sensible. «Llama la atención esta omisión cuando tenemos a dirigentes como José Elías Torres, presidente de la CTV, y a otros defensores de derechos humanos presos simplemente por exigir el respeto a la Constitución», denunció Agüero.
El galeno planteó una reflexión ética sobre el proyecto de ley: “Cuando se habla de amnistía, se habla de perdón. Pero, ¿cómo se puede perdonar a alguien que no ha cometido ningún delito? Exigir un salario digno, como establece nuestra Carta Magna, no es un crimen; por lo tanto, judicializar y criminalizar esa acción es una violación a la justicia”.
Agüero recordó que, según el artículo 89 de la Constitución, en las relaciones laborales debe prevalecer la realidad sobre las formas. “Y la realidad es que el trabajador venezolano no tiene salario. Es imposible construir tablas salariales con un referente de apenas 0,38 centavos de dólar”, sentenció, calificando como una injusticia histórica que profesionales con 25 años de servicio sean jubilados con montos que no superan los 250 dólares.
El cierre de la declaración fue contundente: la dirigencia civil y sindical de Lara exige que se sincere la situación política del país. «Pedimos que se respeten los derechos de todos los dirigentes y defensores presos, y que sean liberados sin condicionamiento alguno», enfatizó Agüero.
Finalmente, la Intergremial reiteró que el cumplimiento del artículo 91 constitucional no es una opción, sino una obligación del Estado: el derecho a un salario suficiente que permita vivir con dignidad. AC