«Hasta ahora se desconoce su paradero. Se han hecho todas las diligencias pertinentes, no solamente sus familiares, sino el propio Colegio de Periodistas de esta seccional, y niegan que esté recluido en las sedes de los cuerpos policiales a los que hemos ido», señaló Cárdenas, quien también subrayó que se desconocen los motivos de la detención.
Dejó claro que se trató de una detención arbitraria porque a Rory Branker lo detuvieron en una avenida de Caracas, cercana a su residencia, adonde los funcionarios lo llevaron para extraer equipos de computación sin orden de allanamiento.
Con Rory Branker, en Venezuela hay 12 periodistas detenidos.
«En Venezuela la libertad de expresión está en una situación bastante difícil, ejercer el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Esto deriva en la censura y autocensura que asumen los periodistas por miedo. Se ha desarrollado toda una política de agresiones a periodistas y medios. Se exponen a imputaciones injustificadas, sin causa, estamos hablando de instigación al odio, de asociación para delinquir, conspiración y, sobre todo, de instigación al odio, que es una especie de delito comodín porque se le imputa a todos los periodistas detenidos», afirmó Cárcenas.
CIDH exigió la liberación de Rory Branker
La detención del periodista de La Patilla también ha generado preocupación internacional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió el viernes la liberación de Rory Branker.
«La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registra y condena la detención del periodista Rory Branker de La Patilla, en hechos registrados el 20 de febrero. Según información pública, fue enviado a El Helicoide. La oficina urge por su liberación, así como a que se garantice su salud e integridad», dijo en X.
La instancia recordó que la recomendación número 18 del informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral indica que se le debe otorgar a los periodistas el máximo grado de garantías para que no sufran detención, amenazas ni agresiones. Tampoco que se les retengan sus materiales y herramientas de trabajo.
