El fiscal general de EE. UU. Merrick B. Garland declaró tras incautación del avión de Maduro: “Esta mañana, el Departamento de Justicia incautó un avión que alegamos fue comprado ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches”. Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023, personas vinculadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión, que estaba valorado en aproximadamente 13 millones de dólares.
El avión fue exportado ilegalmente desde EE.UU. a Venezuela en abril de 2023 y ha sido utilizado principalmente para transportar a Maduro en sus visitas a otros países. Garland enfatizó que el Departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación, con el objetivo de evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional.
El subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod, añadió que “esta incautación envía un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer”. Axelrod también destacó el compromiso de trabajar con socios internacionales para identificar y recuperar cualquier aeronave contrabandeada.
Por su parte, el fiscal federal Markenzy Lapointe subrayó que la incautación del Dassault Falcon 900EX refleja el compromiso de EE.UU. con la aplicación de las leyes de control de exportaciones y la imposición de sanciones. La exitosa operación fue el resultado de una cuidadosa planificación y coordinación entre el gobierno de EE.UU. y las autoridades de la República Dominicana.
Finalmente, el agente especial a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, Anthony Salisbury, afirmó que esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir las actividades ilegales del gobierno de Maduro y detener el flujo de ganancias ilícitas generadas por la corrupción pública.
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