La comunidad de derechos humanos se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Edison José Torres Fernández, de 52 años, mientras permanecía recluido en la sede de la PNB en Boleíta, estado Miranda. Torres, quien dedicó más de dos décadas de su vida al servicio como funcionario policial en el estado Portuguesa, había sido privado de su libertad apenas el pasado 9 de diciembre de 2025. Su detención, vinculada a motivos políticos tras difundir mensajes críticos en plataformas digitales, culminó de forma trágica este domingo, generando una ola de indignación entre las organizaciones que monitorean la situación de los privados de libertad en el país.
Diversas ONG, entre ellas Voces de la Memoria y Un Mundo Sin Mordaza, han denunciado que este desenlace ocurre apenas 62 horas después de que se anunciaran procesos de excarcelación a nivel nacional. Las organizaciones subrayan que la vida de Torres era responsabilidad directa del Estado, cuestionando la falta de transparencia sobre si el detenido recibió la atención médica necesaria durante su permanencia en el centro de detención conocido como «Zona 7». Para los defensores de derechos humanos, esta muerte representa una falla crítica en el deber de protección y una señal alarmante sobre las condiciones de salud y seguridad que enfrentan quienes aún permanecen tras las rejas por razones de conciencia.
Ante este lamentable suceso, se ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que inicien una investigación independiente, transparente y exhaustiva que esclarezca las causas del deceso.
La muerte de Edison Torres se suma a una lista de casos que incrementan la presión nacional e internacional sobre el sistema penitenciario y judicial venezolano. Mientras se exigen respuestas claras, el mensaje de la sociedad civil es unánime: no puede permitirse que más vidas se pierdan bajo el resguardo de las instituciones, reiterando la necesidad de liberar de inmediato a todos los detenidos políticos para evitar que tragedias similares se repitan.
