El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, saludó el pronunciamiento de expertos en derechos humanos de las ONU, quienes el 30Abr expresaron su «profunda preocupación» por las deportaciones de más de 250 hombres venezolanos y salvadoreños de Estados Unidos a El Salvador, acusándolos de estar involucrados con grupos delincuenciales.
A través de un comunicado publicado en el portal de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, de Naciones Unidas, el panel integrado por 18 expertos en derechos humanos plantea sus dudas sobre el cumplimiento del debido proceso en las deportaciones, ejecutadas a la luz de la Ley de Enemigos Extranjeros (LEE) de 1798, de EE. UU.
Sobre la base de la información que manejan, los expertos reconocen que muchas personas no estaban involucradas con las pandillas, por lo que su deportación constituye una violación al derecho internacional y a los derechos humanos.
Aunado a ello, el argumento de la LEE pierde fuerza por cuanto «es evidente que no ha habido ninguna ‘invasión’ o ‘incursión depredadora’ en EE.UU. por parte de cualquier Estado extranjero, como lo exige la Ley. Incluso si algunos individuos son miembros de pandillas, la actividad de las pandillas es un crimen, no un acto de guerra. Por lo tanto, las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y equivalieron a expulsiones arbitrarias e ilegales según el derecho internacional».
También expresaron su «profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde ha habido denuncias de muertes, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas. Las condiciones carcelarias serían presuntamente inhumanas, (…) con las personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como colchones, y sin atención médica adecuada».
Estas declaraciones coinciden con las denuncias del Gobierno de Venezuela que, desde marzo, cuando se ejecutaron las primeras deportaciones, ha reclamado no sólo la violación de protocolos y leyes internacionales, sino la cualidad de «campos de concentración» de las cárceles salvadoreñas, en particular el Cecot.
De hecho, los expertos de la ONU confirmaron que a los retenidos se les ha negado el acceso a representación legal, acceso consular y revisión judicial, incluso a visitas y comunicación con familiares.
Mientras Caracas ha elevado la denuncia a instancias internacionales y exige a la autoridades salvadoreñas la repatriación de sus connacionales, los expertos de la ONUpidieron a los gobiernos de El Salvador y de EE. UU. que «cooperen y faciliten el retorno a EE. UU. de cualquier persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar».
Los expertos han comunicado oficialmente sus preocupaciones a los Gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador, junto con una lista no exhaustiva de más de 100 ciudadanos venezolanos afectados por estas deportaciones, de muchos de los cuales se desconoce su suerte y paradero. Los titulares de los mandatos de los Procedimientos Especiales expresaron anteriormente su preocupación en relación al debido proceso y la detención en El Salvador en 2022, 2023 y 2024.
Fotoportada: Xinhua
