El exasesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, John Bolton, se presentó este viernes ante un tribunal federal en Maryland. Bolton fue imputado por 18 cargos penales graves relacionados con el presunto manejo indebido y retención de información clasificada. Los cargos incluyen ocho por transmisión no autorizada de información de defensa nacional y diez por su retención, en un proceso judicial que él y su defensa han negado rotundamente.
Acompañado por su abogado, Abbe Lowell, Bolton optó por no emitir declaraciones públicas a su llegada a la corte. Esta imputación marca el inicio de un caso complejo, dada la naturaleza altamente confidencial del material presuntamente comprometido. De ser declarado culpable, el exasesor de Seguridad Nacional (quien sirvió de 2017 a 2019) podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión por cada uno de los cargos.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), Bolton habría escrito un diario personal que contenía información clasificada y conversaciones sensibles de la Casa Blanca. Parte de este contenido habría sido compartido por correo electrónico personal con dos personas que colaboraron en su libro de memorias de 2020. Los fiscales alegan que estos correos electrónicos fueron intervenidos por hackers vinculados al gobierno iraní, lo que potencialmente comprometió la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Por su parte, Bolton y su defensa niegan haber almacenado o compartido documentos clasificados. El exfuncionario sostiene que es víctima de una «ofensiva judicial» orquestada por un Departamento de Justicia politizado y acusado de actuar como una herramienta de venganza del expresidente Trump contra sus críticos. Con esta imputación, Bolton se convierte en el tercer alto funcionario crítico de Trump en ser procesado en menos de un mes, lo que añade una dimensión política al caso.
