Estados Unidos anunció una medida estratégica al emitir la licencia general 58 a través del Departamento del Tesoro, que autoriza temporalmente a bufetes de abogados, consultorías y asesorías financieras a asesorar a las autoridades venezolanas, la petrolera estatal PDVSA y sus subsidiarias en procesos de reestructuración de deuda. Esta exención de sanciones permite que estas entidades legales dialoguen directamente con Caracas y preparen el terreno para futuras negociaciones de pasivos. Los servicios autorizados incluyen la evaluación, desarrollo y preparación de opciones de reestructuración de la deuda, así como la elaboración de propuestas y materiales de apoyo relacionados.
A pesar de esta flexibilización, el Departamento del Tesoro aclaró que las operaciones concretas de reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA continúan sancionadas por el momento. Esta limitación significa que aunque se puede preparar el terreno para las negociaciones, aún no se autoriza ejecutar los acuerdos finales sin riesgo de consecuencias legales. El Fondo Monetario Internacional, acreedores soberanos y bancos comerciales tampoco tienen autorización de Washington para realizar operaciones de reestructuración sin incurrir en sanciones.
La decisión llega justo 20 días después de que el FMI anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas, marcando un giro significativo en la política económica estadounidense hacia Caracas. Este movimiento sugiere una apertura diplomática para resolver la compleja situación financiera de Venezuela de manera ordenada. El momento es crucial para que especialistas internacionales comiencen a diseñar soluciones viables que beneficien tanto a acreedores como a la economía venezolana.
En paralelo, Washington extendió la protección sobre la refinería Citgo, filial de PDVSA ubicada en Houston, frente a reclamaciones de acreedores que poseen bonos emitidos en 2016 por USD 7.100 millones. El Gobierno estadounidense bloqueó reiteradamente la ejecución de garantías sobre Citgo, cuyas acciones respaldan la deuda, considerando este activo como estratégico para la región. Un juez de Nueva York confirmó en 2025 la validez de los bonos y ordenó a PDVSA pagar USD 2.860 millones, pero las sanciones estadounidenses han impedido que los acreedores tomen control de la refinería para recuperar su inversión.
Fuente: Infobae — Ver nota original
