Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Stivss) en el estado Lara, calificó de «inoficiosa» la reciente encuesta laboral lanzada a través de la Plataforma Patria. Según el dirigente, este mecanismo busca desviar la atención del problema central que asfixia a la familia venezolana: el salario.
Las interrogantes planteadas a los trabajadores activos, tanto del sector público como privado e independientes, son redundantes. Cuestionó que se pregunte sobre la disponibilidad de insumos o el cumplimiento de horarios cuando los resultados son evidentes ante la crisis institucional.
«No estamos en contra de las encuestas, pero esta es la quinta que realizan con preguntas que no van al fondo del asunto. ¿Por qué no preguntan si el trabajador quiere eliminar el instructivo ONAPRE o el Memorando 2792 que cercenan nuestros derechos?», increpó el dirigente.
Desde la Voz de los trabajadores, Domínguez sugirió que la consulta debería abordar temas estructurales que el Gobierno evade, tales como:
– La permanencia del sistema de prestaciones sociales ante posibles reformas a la Ley del Trabajo.
– La discusión de los contratos colectivos vencidos.
– La posible dolarización formal de la economía.
– Un cambio integral en la política económica y social del país.
El presidente de Stivss Lara fue enfático al señalar que la parálisis económica actual responde a la falta de poder adquisitivo. «Si el trabajador no tiene dinero en el bolsillo, no se mueve la economía. No hay consumo en centros comerciales ni pago de servicios. El núcleo del problema es que el salario no existe», explicó.
Promesas incumplidas e indexación urgente
Domínguez recordó la deuda histórica del Ejecutivo. En 2018, se prometió un pago de 10.000 bolívares para jubilados como indemnización de prestaciones, lo que en ese momento equivalía a 2.222 dólares. Al día de hoy, tras la devaluación, ese monto no alcanza los 20 dólares.
Ante esta situación, que se ha agravado entre 2022 y 2026, el sindicato solicita al Gobierno interino un Decreto de Emergencia y utilizar los ingresos por renta petrolera provenientes de licencias con EE. UU. para un aumento salarial inmediato. Asimismo, que se reconozca el valor real de los años de servicio para los jubilados desde 2018 y que este beneficio alcance también a los sobrevivientes (familiares de trabajadores fallecidos).
Opacidad en el impuesto a las pensiones
Finalmente, denunció la falta de transparencia en la recaudación del 9 % del impuesto al empresariado destinado a las pensiones. Según Domínguez, este monto es retenido por el Seniat y no llega directamente al bolsillo del trabajador, manejándose con discrecionalidad para financiar bonos en lugar de aumentar la pensión mínima, que permanece estancada en 130 bolívares.
«El Gobierno está entrampado en sus propias ofertas engañosas. El llamado es a sentarnos seriamente a discutir las demandas reales, comenzando por un incremento salarial digno», concluyó.