El Tribunal Supremo de Brasil evaluará los próximos 25 y 26 de marzo si acepta o archiva la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente del país Jair Bolsonaro y sus socios por delitos de golpe de Estado e insurrección, lo que podría convertirlos en acusados.
El máximo órgano judicial del país latinoamericano ha fijado esas fechas para celebrar una vista en la que analizará la denuncia contra el exmandatario, cuatro de sus exministros –Walter Braga Netto, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira y Augusto Heleno–, el que fuera jefe de Inteligencia durante su mandato, Alexandre Ramagem, y el exasesor Mauro Cid.
El caso será juzgado por la Sala Primera del Supremo, en particular por seis magistrados entre los que se incluye al relator del caso, el juez Alexandre de Moraes, quienes decidirán si el líder ultraderechista y sus aliados pasan a ser procesados por los delitos de golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de Derecho, organización criminal armada, daños calificados por violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión y deterioro del patrimonio catalogado.
Previamente, la Fiscalía ha desestimado las alegaciones de la defensa del expresidente y los otros seis presuntos implicados y se ha mostrado a favor de que el Supremo los impute al considerar que la investigación contiene «de manera pormenorizada» los hechos constitutivos de delito.
Entre otras alegaciones, las defensas argumentaron que este tribunal no es el foro competente para juzgar estos casos, la falta de acceso a todas las pruebas, o que De Moraes se habría excedido en su competencias. Todas ellas improcedentes, según ha señalado el Ministerio Público.
Bolsonaro forma parte de una treintena de personas sobre las que la Fiscalía ha presentado una acusación de golpe de Estado por los ataques a las instituciones del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cometidos por una turba de acólitos del expresidente, descontentos con la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.
La Fiscalía subrayó que Bolsonaro intentó impedir de forma coordinada que se cumpliera el resultado de las presidenciales de 2022, si bien «el plan» comenzó en 2021 con otra serie de acciones y declaraciones con las que cuestionaba las decisiones de los tribunales y la limpieza del sistema electoral.
Asimismo, alertó de la existencia de un plan de Bolsonaro para llevar a cabo no solo un golpe de Estado, sino también los asesinatos de Lula, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el juez De Moraes.
EuropaPress
