«El Gobierno considera a defensores de derechos humanos un enemigo interno”
Según el coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, Nelson Fréitez, la estrategia del Gobierno nacional de restringir la acción de las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos es porque las considera un «enemigo interno».
A su juicio, la intención es reducir el espacio cívico al mínimo y criminalizar su labor por el hecho de documentar violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo la situación hospitalaria y de pacientes crónicos, ejecuciones y torturas, porque para ellos eso es traición a la patria.
Esos informes fueron presentados ante la alta comisionada de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, pero el Gobierno venezolano considera que eso no debe hacerse porque hay que mantener en secreto que en Venezuela se violan los derechos humanos de manera sistemática, aseveró.
Según Fréitez existe una política pública destinada a violar los derechos humanos, porque no se ofrecen las garantías para que la ciudadanía pueda ejercerlos.
Y en esa línea, vienen todas estas legislaciones restrictivas y punitivas que ahora pretenden que para que las ONG puedan funcionar deben registrarse y revelar las fuentes de las cuales reciben cooperación internacional. Todas esas restricciones tienen como objetivo que las ONG no puedan funcionar hasta llegar a su ilegalización como el caso de Cuba y Nicaragua.
Agregó que la legislación que intenta aprobar la AN tiene elementos similares a la que aprobó la AN de Nicaragua en abril pasado y fue aplicada por el Ejecutivo nicaragüense para cesar a más de 230 ONG.
Asimismo, dijo que los defensores de los derechos humanos han rechazado ese proyecto de ley y han manifestado la disposición a dialogar con los diputados de la AN para alertar al Ejecutivo nacional sobre las consecuencias que tendría esta prohibición de funcionamiento ante el sistema internacional de derechos humanos.
Advirtió que la aprobación de ese texto jurídico violaría todos los tratados internacionales que el Gobierno venezolano a firmado y comprometido a respetar las acciones que desarrollan las organizaciones de derechos humanitarios y de promoción y defensa de derecho humanos.
